Sector empresarial y sindical difieren sobre aumento general de sueldo

Durante un directorio ampliado la Presidenta del sector empresarial del país, Albis Muñoz, consideró inconveniente un aumento general de sueldos de acuerdo con la solicitud realizada por los representantes de los trabajadores, la máxima central obrera del país: CTV.

-Eso no es conveniente  –  sostuvo y advirtió que  (.) «ya el hecho de fijar un salario mínimo impulsa a los diferentes estratos que hay en una empresa: le deja, pues, cierta movilidad y cierta flexibilidad. Lo importante es que realmente los incrementos de salarios se den no sólo en función de la inflación, sino en función del rendimiento del trabajador. Que se premie a aquellos trabajadores que mejor cumplen sus funciones y, también, que tengan que ver con la productividad de la empresa».

Destacó que una empresa que se halla en dificultades no verá fácil el que pueda incrementar los salarios de toda su nómina.

Refirió en torno al aumento del salario mínimo en 400 mil bolívares anunciado, para este año, por el Jefe de Estado, que el sector empresarial efectuará un análisis acerca de ese planteamiento.

Esperan que el Ministerio del Trabajo suministre mayor información en relación con el tema y agregó que aún no se maneja la cifra de cuanto es el personal del sector privado que devenga salario mínimo, pero dijo que «siempre es justo los beneficios que se le dan a los trabajadores”.

– Lo que pasa – precisó – es que no siempre es conveniente para una empresa. Mucho depende de cómo es el desenvolvimiento de esa empresa.

Se apresuró a señalar la necesidad de esperar a que el crecimiento económico se dé para un aumento salarial, «porque de lo contrario estaríamos más bien frenando. El ajuste del salario debe ser equilibrado y comedido; porque  sino esto podría complicarle la actividad a muchos renglones y a muchas regiones».

Desde el Consejo Nacional de Fedecámaras, el Presidente Consecomercio, Jorge Botti, afirmó que «se trata de una medida unilateral y prematura que salta a la torera los preceptos que están delineados en la propia Ley del Trabajo; la cual establece reuniones durante los primeros meses del año en tripartita (trabajadores, empleadores y Gobierno) para definir en conjunto ¿cuál es el destino del salario mínimo de los trabajadores?».

Coincidió con la Presidenta de Fedecámaras, Albis Muñoz, en expresar ante el posible aumento de salario mínimo que «se debe hacer los análisis. Es una medida que se debe tomar con mucha calma. Creo que fue muy prematuro el anuncio. Se debe tomar con mucha más calma el anunciado incremento por el Ejecutivo».
Reiteró que ese tipo de decisiones debe tener el consenso de la tripartita; esto es, que sea Gobierno, empresario y los trabajadores que en conjunto anuncien el porcentaje del salario mínimo.

-«No somos quienes para decir cuánto es y, mucho menos, sin haber hecho un estudio preciso de ese incremento».

Resaltó que para el sector empresarial lo más importante es «preservar los puestos de trabajo. Este incremento tiene impacto en todo lo que se refiera al tema del empleo: influirá en las nóminas y en las posibilidades de nuevos puestos de trabajo».

–El anuncio del Presidente (Hugo Chávez) todavía resulta insuficiente y, además, es conveniente que revisemos el salario en general de todos los trabajadores que no reciben este aumento del salario mínimo y sobre todo que discutamos una política de empleo. Una política que pueda permitir que más de 7 millones de trabajadores que están desempleados o que están en la informalidad puedan recibir, también, beneficios desde el punto de vista del ingreso producto de su trabajo – así se expresó el secretario general de la CTV, Manuel Cova.

Cova indicó que el incremento no debió estar debajo del 30 por ciento, por lo que «planteamos la revisión de los salarios de los trabajadores en general. El salario debe tener un promedio entre un 25 y 30, porque hay sectores como el bancario donde las condiciones de incremento sea mucho mayor».

Insistió que la decisión «sigue siendo excluyente y de manera unilateral».

En tal sentido, reclaman el derecho que establece la Constitución de que se consulte a los de más interlocutores sociales, empresariales y el propio Gobierno.