El Tribunal 49 de Control ratificó la medida privativa de libertad contra el dirigente sindical Carlos Ortega, aunque desestimó tres de los cargos imputados por el Ministerio Público. La jueza Gisela Hernández lo imputó por los delitos de rebelión civil, instigación al delito y uso de acto falso. Su lugar de reclusión será la cárcel de Los Teques. Rafael Arturo Parra, abogado del líder sindical, destacó que Ortega se defendió «como un señor», haciendo énfasis en que se estaba realizando «un juicio político». La defensa solicitó la nulidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Señalaron que las fotografías y la cédula de identidad que aparecieron en la prensa fueron «forjadas». La juez rechazó el argumento de la nulidad. A partir de la fecha, comienzan a contar cinco días para la apelación y los treinta días con que cuenta la Fiscalía para presentar su acto conclusivo.
