La Sociedad Interamericana de Prensa resolvió condenar la conducta del Gobierno venezolano, «orientada a cercenar las libertades democráticas, reducir las garantías propias al estado de derecho y con ello aniquilar la libertad de expresión y de prensa» e insistir una vez más ante los organismos internacionales y hemisféricos, en particular ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría para la libertad de expresión «para que cumplan con sus deberes institucionales» y se pronuncien sobre «las reiteradas violaciones a la libertad de expresión y de prensa que tiene lugar en Venezuela». La SIP, reunida en Panamá, sostuvo que los cambios han propiciado la autocensura en los medios de comunicación, agravada por la anulación de la sentencia que absolvió a altos oficiales por los hechos del 11 de abril.
