El magistrado de la Sala de Casación Social, Juan Rafael Perdomo, quien además preside la Comisión de reforma e implementación de la Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente, manifestó que las acciones efectuadas por la Comisión Judicial mediante las cuales se han sancionado más de 50 jueces en lo que va de mes de mayo, es «una medida de urgencia» para «depurar el Poder Judicial, porque así como estaba y sigue estando, no es posible hacer una justicia pronta, decente, hay que corregir las cosas que no están bien».
En relación a los jueces que han sido sancionados esta semana en algunos estados del país, manifestó que la Comisión Judicial trabaja arduamente para afrontar un problema como lo es que «algunos abogados o mafias de abogados se valen de los tribunales, en la medida en que los jueces se lo permiten, para cumplir eventos completamente contrarios a la Ley y al país. Hay jueces que indudablemente se han conseguido que están en convivencia con delincuentes y esos jueces han sido destituidos, pero desde luego no son todos los jueces».
Añadió que el debido proceso y el derecho a la defensa está garantizado para todos los jueces sancionados, pero que se trata de «una medida de urgencia» para «depurar el Poder Judicial porque así como estaba y sigue estando, no es posible hacer una justicia pronta, decente, hay que corregir las cosas que no están bien».
En cuanto al tema de la LOPNA señaló que a estos cinco años de su entrada en vigencia, se puede extraer que se trata «de un texto fundamental de avanzada, que tiene principios de protección integral y también de responsabilidad penal y en fin, ha tratado de funcionar en la medida en que eso ha sido posible. Puede haber sido que algunas de las instituciones que figuran en ella no hayan cumplido su cometido como se desea, pero es cuestión de que con esa experiencia ajustarla y en el futuro comience a rendir una mayor productividad y beneficio que están previstos en la Ley, me refiero a los Consejos de Derecho, Consejos de Protección, porque al fin y al cabo estas instituciones de carácter administrativo tienen obligaciones fundamentales de protección, estudio e investigación en la problemática de la infancia y de la adolescencia».
