Abogados que integran el Foro Penal Venezolano y representantes del Observatorio de Prisiones, introdujeron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de nulidad contra la reforma parcial del Código Penal por considerarla inconstitucional. La ex jueza Mónica Fernández, indicó que el código «sobrepone el Estado por encima de todos los venezolanos», al vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad privada, la libertad de comunicación y el derecho a recibir información veraz. Señaló como elemento de gran gravedad que, a través de la reforma, el Estado «reconoce la beligerancia a cuerpos irregulares» como la guerrilla y grupos paramilitares, colocando a Venezuela en un escenario en el que «cualquier grupo irregular tiene la misma categoría que un Estado extranjero».
Asimismo, los abogados entregaron en más de 80 folios las consideraciones sobre la inconstitucionalidad de cerca de 33 artículos de la Ley de Reforma Parcial al Código Penal.
«Es imposible aplicar ese código que está trayendo muchos problemas en la práctica», expresó Fernández.
Por su parte, Humberto Prado, director del Observatorio Nacional de Prisiones, dijo que la reforma «representa un anacronismo de lo que es el derecho universal penitenciario» y en consecuencia, Venezuela ha retrocedido 44 años en materia penal.
Consideró que la normativa generará más hacinamiento en las cárceles, aumento de penas y nuevos delitos.
