Desde la sede de Primero Justicia, representantes de Izquierda Democrática, Proyecto Venezuela, Bandera Roja, Más, Acción Democrática, Solidaridad, y COPEI, se manifestaron contra la utilización de los llamados «cuadernos de votación electrónicos» en las elecciones del próximo 7 de agosto, debido a que «no existe base constitucional ni legal» para su utilización. Juan Carlos Caldera, miembro de la Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia, señaló que la iniciativa de implementar definitivamente los cuadernos electrónicos, carece de argumentos legales, pues estos nuevos cuadernos suprimirán la firma del elector y genera «dudas razonables» acerca de la legitimidad de los mismos y la transparencia del proceso de votación, pues en todo documento de carácter oficial es requisito formal estampar la firma de las partes, y con este nuevo sistema sólo quedaría como registro de voto la huella dactilar digitalizada, lo que abre camino al fraude: «No es que estemos en desacuerdo con la modernización y la automatización del sistema electoral, lo que realmente queremos es que se respeten los principios legales de legitimidad y transparencia expresados en la Constitución y en las leyes, y que el elector nuevamente crea en el voto».
Pese a la situación de vicios e irregularidades que se viven dentro del CNE, luego de esta tercera sesión de la instancia se logró por unanimidad posponer la implementación de los cuadernos electrónicos hasta que se de en Venezuela una discusión con todos los factores y especialistas en este tema, por lo que se decidió crear una comisión jurídica y una de carácter técnico: «A partir de este momento vamos a reunir a los mejores especialistas en estos temas, además de invitar a las universidades y a los miembros de las escuelas de Derecho e Ingeniería a participar en esta discusión, porque al final, los verdaderos dueños del voto son los ciudadanos, y no los partidos políticos ni mucho menos el CNE», apuntó Juan Carlos Caldera.
En este sentido, aclaró también que se realizarán a partir de ahora, foros y asambleas de ciudadanos por todo el país para aclarar con todos los ciudadanos la legitimidad de este recurso tecnológico que pone más dudas en el tapete electoral que las que responde.
