Los 26 funcionarios implicados en el asesinato de los tres estudiantes de la Universidad Santa María fueron recluidos en la Brigada de Asuntos Especiales (BAE) en San Agustín del Norte luego de que el Tribunal 50° de Control, a cargo de la jueza Linda Fernández, dictara medida privativa de libertad. Los funcionarios fueron imputados por los delitos de triple homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles, en grado de complicidad correspectiva; homicidio calificado en grado de frustración con complicidad correspectiva en perjuicio de las víctimas sobrevivientes; así como por el uso indebido de armas de guerra.
