Los parlamentarios de la oposición y del oficialismo presentaron ayer sus divergencias frente a la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación penal contra el diario El Universal por presunto vilipendio, a través de una de sus editoriales, contra esa institución gubernamental. El representante del Movimiento Quinta República, William Lara, brindó un espaldarazo a la decisión del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, explicó que el abogado Carlos Ayala Corao es abogado del periódico. Continuó manifestando la existencia de una complicidad de la publicación con el litigante, así como un conflicto ético. También dijo que no hay pruebas, tal como asegura la publicación, de la falta de independencia de funcionarios públicos de los distintos poderes. En sus declaraciones dijo que el jefe del ministerio Público, Isaías Rodríguez, así como el magistrado Luis Velásquez Alvaray se separaron de su militancia política antes de asumir sus respectivos cargos. Aclaró las dudas que giraron sobre el Jefe de Estado. Comentó que de acuerdo con la Carta Magna, Hugo Chávez puede ser Presidente, a la vez, del Movimiento Quinta República, de acuerdo con la Constitución. En torno a la acción contra las morochas introducida por la oposición ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, insistió que se trata de un acto «de desesperación (.), porque sabe lo que se le viene encima con una derrota abrumadora el 7 de agosto» próximo día de las elecciones municipales. Recordó que no solo el MVR es quien lleva morochas con la Unión Vencedores Electorales, UVE, ya que también la organización política Primero Justicia lleva morochas con el partido Proyecto Venezuela. -Lo que es igual no es trampa– dijo. Trajo a colación que «las morochas la inventó Eduardo Lapi, de COPEI y quien fuese gobernador del estado Yaracuy en el año 2000».
En tal sentido, dijo que «nosotros nos estamos copiando una idea que nos pareció interesante y reconocemos el derecho de autor que le corresponde a Lapi (.), dirigente de la oposición».
Por su lado, el diputado por la organización política Acción Democrática, Alfonso Marquina, afirmó que la medida tomada por el Ministerio Público contra El Universal pretende silenciar a los venezolanos.
Afirmó que tal decisión viene a ser la demostración de que los organismos e instituciones venezolanas son usados para la persecución.
Añadió que la Ley de Contenidos no es el único mecanismo de persecución y atropello.
–No se puede criminalizar por lo que se dice. La medida de la Fiscalía es un mecanismo más que se aplica contra los medios de comunicación – finalizó.
