Ayer, se llevó a cabo una protesta en las inmediaciones del distribuidor Altamira por parte de los Integrantes del Frente Nacional por la libertad de los Presos y Perseguidos Políticos para llamar la atención sobre la pérdida del sistema democrática y la instauración de un Gobierno comunista. 150 cruces fueron clavadas en el distribuidor Altamira para simbolizar la pérdida de los derechos venezolanos: Democracia, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Derechos Humanos, Justicia, Empleo, Salud, Alimentación, entre otros. Oscar Pérez, vocero de la organización, explicó que la finalidad de la protesta fue llamar la atención de los venezolanos sobre la pérdida del sistema democrático. “No se puede hablar de democracia plena cuando vemos lo que está sucediendo en el estado Barinas, en donde ya no solamente se invade la propiedad privada en Venezuela, sino que además, con la anuencia de instituciones del Gobierno, se confisca, como es el caso de la Hacienda La Marqueseña”. “No es que vamos camino al comunismo, sino que estamos ya insertos en un régimen comunista”, sentenció Pérez. El vocero del frente por los presos políticos llamó a las fuerzas opositoras a generar una colación de amplia base en donde sectores políticos y de la sociedad civil que estén comprometidos con la lucha democrática en Venezuela se pongan de acuerdo en un modelo de país para el futuro. En tanto, William Ojeda, Presidente de la organización política, Un Solo Pueblo exigió al Gobierno nacional entregar a los campesinos las tierras ociosas, toda vez que “el primer terrateniente del país es el Estado venezolano”. Al ser consultado sobre la intervención del Hato “La Marqueseña”, ocurrido este viernes, William Ojeda, acusó al Gobierno de confiscar las propiedades de particulares. “Exigimos al Gobierno que predique con el ejemplo. Que entregue a los campesinos las tierras que tiene en su poder, pero no con cartas agrarias, sino con títulos de propiedad”. Por otro lado, Alberto Baumeister, abogado y profesor experto en materia agraria, calificó la actuación del Inti en el Hato La Marqueseña como una “confiscación de la propiedad privada”. “En la Ley, un deber del Estado es recuperar tierras que se le hayan quitado ilegítimamente, pero para eso hay un procedimiento legal, aún siendo arbitrario el proceder de quien lo hubiera hecho”. Señaló que debe realizarse una decisión administrativa y un juicio. “Sólo allí queda demostrado de quién es la verdadera propiedad”. Con relación a las acciones que podrán ejercer los propietarios de la finca, Baumeister señala que pueden ejercer una acción mero declarativa para que el Estado convenga que tienen títulos los cuales deben ser respetados; una acción reivindicatoria ante los tribunales para recuperar lo que ilegítimamente ha sido ocupado por el Estado o un particular. “Esos actos que hemos venido presenciando, desde lo del Charcote hasta esta fecha, son actos arbitrarios. Eso se llama actos ejecutados en usurpación de funciones y con abuso de poder. Eso acarrea responsabilidad del Estado y son actos contrarios al Estado de Derecho”.
