Un contundente rechazo a las intervenciones que se han venido propiciando a distintas fincas o haciendas y fundos en el interior del país realizaron ayer los sectores empresariales agrupados en Conindustria y Consecomercio. Además recibieron un espaldarazo del agro. Luego de varias horas de encuentro con el Presidente de Fedecámaras, José Luis Betancourt, los representantes y voceros del sector del comercio y los servicios, del sector industrial y del sector del agro, se pronunciaron para manifestar su preocupación ante lo que consideran acciones negativas contra la propiedad privada.
Defensa de derechos
Luego de indicar que el Presidente del gremio empresarial, José Luis Betancourt, podría pronunciarse en horas de la mañana de hoy, el jefe máximo del sector del comercio y los servicios, Noel Álvarez, denunció que las acciones interventoras van dirigidas a «tomar la propiedad privada».
Álvarez señaló que el compás de conversaciones abierta con el sector gubernamental no aminalaran el que se realicen las denuncias sobre violaciones e ilegalidades sobre el sector empresarial privado.
–Si bien es cierto que nosotros hemos abierto un diálogo con el Gobierno, tampoco es menos cierto que eso va a impedir que nosotros defendamos nuestros derechos legales y constitucionales en Venezuela – dijo.
Sin mencionar los casos de intervención se atrevió a decir que lo que está en estos momentos en dudas es la propiedad privada. Por lo tanto, «Consecomercio está de frente con la defensa de la propiedad privada. Hoy pudiera ser haciendas e industrias, pero mañana podrían ser comercios».
Explicó que el empresariado en general está levantando su voz de protesta y refirió que Consecomercio se declara en sesión permanente con todo su comité ejecutivo y su directorio, a fin de estudiar acciones y «ver que actitudes sigue tomando el Gobierno nacional en contra de la propiedad privada (…)»
Negó la existencia de irregularidades de intervención sobre el sector. Sin embargo, mencionó que «entendemos que hay una gran cantidad de empresas (más de 800) que están siendo estudiadas. Empero, quiero dejar bien claro que se trata de la propiedad privada en general que está unida (industriales, comerciantes y productores) por la defensa de la propiedad».
Dijo que «en momentos que nosotros estamos viendo que el Gobierno nacional está controlando la economía desde todo punto de vista, está estrangulando las empresas, (…) entonces, tenemos que preguntarnos ¿Qué más tenemos que hacer los empresarios? Se respondió que tenemos que dar un paso al frente y tratar de ver que es lo que vamos a hacer en la defensa de nuestras empresas».
Cerco
a la productividad
El Presidente del Consejo Nacional de Industriales, Conindustria, Eduardo Gómez Sigala, coincidió con los señalamientos del Presidente de Consecomercio, Noel Álvarez, y objetó las recientes intervenciones calificándolas de un cerco a la actividad productiva y a la libre iniciativa de los venezolanos.
–«Nosotros también manifestamos nuestra gran preocupación y rechazo a toda está agresión a lo que es el desempeño de la actividad privada y del sector privado en Venezuela, porque (…) todas estas medidas están llevando a un cerco de toda la actividad y de la libre iniciativa de los venezolanos».
En criterio del Presidente de Conindustria la situación de intervención «se va a traducir en pobreza y desempleo para los venezolanos, porque al final del camino lo que aquí se está haciendo es limitando la capacidad de iniciativa del sector productivo, con una serie de controles de precios, de una competencia desleal que beneficia a la economía extranjera perjudicando a la producción nacional».
Dijo que los empresarios cuestionan al sistema judicial venezolano porque no ha dado una respuesta clara y concreta a las peticiones del sector que se ve cada día entre la espada y la pared.
Resaltó que están a la espera que el TSJ fije posición sobre si en Venezuela «hay o no hay propiedad privada. Eso en definitiva es lo que el país requiere para que le demos una respuesta y sepamos en que tipo de sociedad nos vamos a desempeñar de aquí en adelante».
Al ser consultado sobre la intervención a la planta Heinz, en el estado Monagas, y si otras instituciones industriales puedan sufrir este tipo de acciones dijo que «esto no es nuevo. Ya se han dado varias agresiones a la propiedad privada. Creo que una sociedad democrática como la nuestra está preocupada y rechaza ese tipo de agresiones».
Dijo que Conindustria ve contradictorio que el Gobierno nacional llame al empresariado al diálogo y luego emplee medidas intervensionistas contra el empresariado.
–Los gremios venezolanos siempre han demostrado la disposición de hablar y de buscar entendimiento en lo que creemos que es conveniente para los venezolanos, para el país en general. Sin embargo, cada vez que abrimos estos diálogos se observa que esos diálogos no producen ningún resultado concreto, sino que se acentúan las agresiones cada vez más fuerte contra el sector privado venezolano – dijo.
Respaldo
de Fdecámaras
Para el Presidente de Fedeagro, Gustavo Moreno, las recientes intervenciones a fincas y fundos regionales es de vieja data, siendo la más reciente la efectuada a la hacienda La Marqueseña.
La información la dio a conocer luego de reunirse con el directorio de Fedecámaras para estudiar medidas que vayan en pos de lograr un encuentro con el Gobierno nacional para evitar tales situaciones.
Moreno mencionó la existencia de un trasfondo político en lo concerniente a la intervención de la hacienda La Marqueseña.
Luego de mencionar la acción violatoria del derecho a la propiedad y a algunos artículos de la ley de Tierras explicó que no se trataba de un hecho nuevo la situación de inseguridad que se viene dando en el campo venezolano y las condiciones de falta de comercialización de los diferentes rubros agrícolas que están en plena cosecha.
Tampoco es novedosa las continuas agresiones que se han vivido en el campo, específicamente los acontecimientos producidos en los estados Barinas, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Monagas, Carabobo y Apure.
Destacó que su visita a Fedecámaras no solo fue para plantear si las fincas son o no improductivas, sino hacer un llamado al Gobierno nacional que debe realizar un severo análisis a la situación del campo antes de aplicar un tipo de acción contra las haciendas.
-Nos están arrinconando, nos están llevando a una circunstancia de improductividad. El Gobierno debe preguntarse ¿Dónde están las características de improductividad? ¿Dónde están las características de la propiedad privada y la tierra es del derecho de todos aquellos agricultores (as) que tradicionalmente han cultivado la tierra – dijo.
Manifestó que el Gobierno está violando el derecho de la propiedad privada, de la tenencia de la tierra y al derecho al trabajo.
–Creemos que llevar a las fincas y a las empresas a un caso de poca rentabilidad para después acusar de estar abandonadas requieren de un análisis profundo en el seno de Fedecámaras – agregó.
Indicó que las fincas intervenidas, como La Marqueseña, se han estado cultivando y que existen campesinos que han vivido de estas unidades de producción y ahora «por argumentos políticos, por demagogia de la ley de tierras» se están produciendo estas ocupaciones.
–Se debe buscar un consenso con Fedecámaras– precisó y añadió que se envió comunicaciones al ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, a quien le han solicitado una reunión. También a la Vicepresidencia de la República y al Ministerio del Interior y Justicia.
Calculó que más del 80 por ciento de los empleados del campo tendrían sus puestos de trabajo en incertidumbre, por lo que reitera su llamado a respetar a la propiedad privada.
–Si bien es cierto que en algunos casos las fábricas pueden no estar operantes en el 100 por ciento de su capacidad instalada, hay que reconocer porqué, y las políticas económicas que llevaron a cerrar sus puertas. En el caso de las fincas es preocupante porque están en pleno inicio de la cosecha y se les impide la labor de recolección, es una violación a la Constitución, a los derechos humanos del trabajo y al empleo de mucha gente – explicó.
Moreno dijo que los organismos gubernamentales no tienen disposición de conversar, pese a que «nosotros hemos abierto todas las posibilidades. Hemos llevado propuestas, el Gobierno tiene propuesta de Fedeagro, hemos solicitado reuniones para cubrir los proceso de comercialización de algunos rubros y ahora viene esta arremetida contra la propiedad privada y el derecho al trabajo».
