Luego del directorio sostenido en la sede de Fedecámaras, los empresarios afiliados a la cúpula empresarial se dirigieron al país a través de su líder, José Luis Betancourt, para exigir al Gobierno nacional el cese de inmediato de acciones arbitrarias e ilegales contra la propiedad privada; la restitución de las propiedades afectadas a sus legítimos dueños y el respeto al derecho al trabajo de los obreros y trabajadores de las empresas intervenidas. Betancourt dio lectura a un manifiesto empresarial, luego de las 12 del mediodía de ayer, donde «rechaza contundentemente la agresión contra la propiedad privada y demás formas legales de régimen de tenencia de la tierra que vienen realizando el Ministerio de Agricultura y Tierras y el Instituto Nacional de Tierras, Inti.
En el texto del documento se aprecia que los empresarios consideran que se atropellan el estado de derecho y la Constitución, así como la declaración universal de los derechos humanos, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas y suscrita por nuestro país.
–El abuso y la discrecionalidad con la que actúan los funcionarios públicos que ejecutan estas incursiones en contra de las empresas privadas, empleando la Fuerza Armada Nacional como instrumento de intimidación evidencian el propósito de debilitar y someter a la empresa privada venezolana- dijo Betancourt.
Para el sector empresarial agrupado en Fedecámaras, las acciones contra las distintas empresas y diversas fincas y fundos «van en línea con la política de control de precios y el aumento indiscriminado de las importaciones del sector público, en beneficio de la economía foránea y en detrimento directo del trabajador venezolano y del bienestar social que genera el sector».
Durante la lectura agregó que «acciones como éstas van mucho más allá del mero hecho que representa la interrupción del ciclo económico ya que atenta contra valores y derecho fundamentales como la libertad y la propiedad a la que Fedecámaras jamás renunciará y sí defenderá».
También «la cúpula empresarial reivindica la democracia y la libertad dentro de un estado de derecho como el marco idóneo para una convivencia en paz, todo sistema contrario a los principios de la Carta Magna».
Reiteró que rechaza «todo sistema político contrario a los principios contenidos en la Constitución nacional vigente y pronunció la frase lapidaria «dentro de la Constitución todo, fuera de ella, nada».
Manifiestan su interés por mantener el diálogo Gobierno-empresario para logra la concertación, «como mecanismo ideal de comunicación, pero siempre ajustado dentro de los principios de participación activa».
Hace un llamamiento a los entes gubernamentales (Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo) «para que se aboquen a la inmediata restitución del orden legal y constitucional».
Finalmente, concluyen advirtiendo que «una Venezuela sin propiedad privada es una Venezuela sin libertad, sin democracia, sin dignidad ni sector privado y sin el sector privado Venezuela está condenaba al hambre y a la pobreza».
El Presidente de Fedecámaras, José Luis Betancourt, luego de concluir el comunicado se retiró, sin embargo anunció una nueva rueda de prensa para este jueves o viernes.
Efrén Andrade
es el mediador
A Fedecámaras acudió el ex ministro de Agricultura y Tierras, Efrén Andrade, para mediar entre las partes afectadas y lograr una pronta solución al conflicto. Andrade destacó que el pasado lunes 12 de septiembre sostuvo un encuentro con el Presidente de Fedecámaras, José Luis Betancourt y el punto principal de la reunión fue el conflicto temporal que se suscita con la intervención de tierras e intervención de empresas privadas.
Con este encuentro se pretende, además, rescatar una relación de diálogo entre el sector privado y el ministerio de Agricultura y Tierras que data de más de dos años.
Dijo que el ser mediador surgió a titulo personal e institucional de algunos productores agrupados en Fenaven, Fedeagro y Fedecámaras. Estos productores solicitaron la intervención del ex ministro y del Viceministro Carnevalli para que ayudasen a entender que está ocurriendo en este momento en el sector.
Refirió, al ser consultado si el alto Gobierno conocía de estos encuentros mediadores, señaló que el Gobierno conoce porque «estamos en Barinas tratando de mejorar las relaciones entre el sector privado y los productores y trabajadores (…)».
Añadió que su relación con el actual Gobierno es perfecta.
En cuanto a las expropiaciones de diversas haciendas, fundos y empresas dijo que el procedimiento es administrativo. Manifestó que por ser un procedimiento administrativo no es definitivo; « y eso significa que el Inti evalúa la productividad, el uso y usufructo de una tierra que tiene o no posesión o propiedad en la persona o empresa, dentro de esos predios».
En cuanto a la ocupación de tierras dijo que en ese caso «no basta con una intervención administrativa, sino que es necesario hacer una intervención jurídica; demostrando que esa unidad productiva e industrial están muy por debajo de su capacidad de producción potencial».
Al preguntársele si es legal la intervención a las empresas dijo que «no se hizo un levantamiento legal como correspondería para demostrar que esa empresa tiene un nivel de producción muy por debajo de lo que es la producción, la infraestructura, la potencialidad de la zona y la capacidad de facturación desde el punto de vista agroalimentario».
Al ser consultado sobre si no era posible darle a los dueños de las tierras dos años para que se pongan al día de lo que es la productividad y la adecuen, al igual que a la tierra, manifestó que si ellos entran en la fase de finca productiva pueden tener una respuesta en máximo tres meses. Sin embargo, añadió que «si después de hacerle el examen como finca productiva y resulta que no es productiva según los cánones de la ley, entonces puede entrar como finca mejorable y serían dos años los que se les daría».
Dijo que el caso de Promabasa se puede resolver más rápido que los otros casos. Explicó que la actuación administrativa tiene que venir ahora respaldada por una actuación jurídica que no está ni siquiera levantada, ya que lo que se ha levantado como actuación jurídica es un amparo constitucional solicitado por el grupo empresarial Polar.
En cuanto a cual sería la acción o actuación del Gobierno dijo que «creo yo que sería volver a la acción inicial y que se inicie el procedimiento de expropiación con una medida judicial».
–Recuerdan el caso Panamco (que tenía azúcar y gran cantidad de alimentos y un juez de la circunscripción agraria de Cojedes y Carabobo dictaminó una medida definitiva, una sentencia definitiva para que fuese intervenida esa empresa y sacara los alimentos para ponerlos a disposición de la población.
Se alegó, para el momento, razones de interés público, por seguridad alimentaria. Se hizo uso de los derechos humanos de la población, que estaba requiriendo los alimentos y los alimentos no estaban siendo comercializados).
Eso es lo que hay que hacer. Eso se aplica para las empresas Heinz. En cada una de las empresas a intervenir se debe levantar un expediente en un juzgado agrario o de competencia mercantil – dijo.
Continuó señalando que el caso de las tierras intervenidas está ajustada a derecho y es una intervención administrativa como indica la Ley de Tierras y está el derecho a la defensa, así como el derecho a la gente a trabajar.
