César Pérez Vivas: “El presidente apela al terrorismo judicial”


El gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, rechazó la solicitud de antejuicio de mérito que hiciese el primer mandatario de la República, Hugo Chávez. Y afirmó que el jefe de Estado recurre “al terrorismo judicial para tratar de callar la voz de la dirigencia democrática en Venezuela”.


Asegurò que ha estado trabajando de acuerdo a la Constitución y a las leyes venezolanas.


– Nosotros – dijo – no vamos a callar nuestra voz porque el Presidente nos amenace.


Señaló que “solo los vándalos, los malandros que protege el presidente Chávez, son responsables de esta violencia que se está viviendo en Venezuela y de la cual vivimos una faceta en el Táchira”.


El Gobernador Pérez Vivas, ayer, fue denunciado por la directiva de Montaña TV ante la Fiscalía General. Se le acusa de ser, junto con la alcaldesa de San Cristóbal, Mónica De Méndez, supuesto autor intelectual de las agresiones que sufrieron camarógrafos y personal de la televisora comunitaria, durante la marcha opositora contra la Ley Orgánica de Educación (LOE)


osé Gregorio Chacón, presidente de Montaña TV y el camarógrafo Franklin Machado, fueron los que hicieron la denuncia formal ante el Fiscalía e informaron el robo de sus equipos.


– Responsabilizamos al gobernador del Estado Táchira y a la alcaldesa Mónica de Méndez, quienes en diferentes medios hicieron llamados a la rebeldía – puntualizó Chacón.


El camarógrafo Franklin Machado cuestionó la actitud de algunos medios privados que ignoran las agresiones a los medios comunitarios.


Por su parte, el concejal Metropolitano por el PSUV, Alexander Nebreda, anunció que ayer que introducirá ante la Fiscalía una denuncia contra el alcalde Antonio Ledezma como presunto responsable, bajo la figura de autor intelectual, de agresiones a funcionarios de la Policía Metropolitana durante una manifestación realizada el pasado martes 26 de agosto en el centro de Caracas.


Nebreda mostró como parte de las pruebas material audiovisual que probaría el presunto delito de incitación al odio por parte de algunos funcionarios como David Pérez Hansen, Richard Blanco y el dirigente de ABP, Óscar Pérez. Denunció que se desviaron fondos de la Alcaldía Metropolitana la presunta contratación de bandas delictivas y la compra de armas y motos.