CARACAS- “Hemos presentado pruebas de la responsabilidad presidencial referida al delito de conspiración para destruir la forma Política Republicana de Gobierno a que se contrae el Artículo 132 del Código Penal, y en particular las amenazas e intromisiones presidenciales en otros Poderes Públicos destacando a manera de ejemplo el emplazamiento público a la Fiscal General de la República y a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia”.
Sobre esto último, colocó como ejemplo cuando el primer mandatario emplazó a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni.
Explicó que también consignaron discos contentivos de videos donde el Presidente Chávez dice refiriéndose a Afiuni: “yo le pondría 35 años de pena máxima para la Juez”; o cuando dijo: “o tengamos otra vez compañeros militares que tomar los fusiles para defender esta Revolución”; o el video cuando afirma “si ellos logran ganar una buena proporción de las Gobernaciones o Alcaldías, ustedes lo pueden escribir, se acabó la paz en Venezuela”, entre otros testimonios de televisión “que demuestran no sólo el incumplimiento de la Constitución sino el camino hacia la disolución de la Republica”, según palabras del jurista.
Indicó Escarrá que cualquiera sea la decisión del Ministerio Público todos estos documentos, testimonios y pruebas en general los elevarán a la Jurisdicción Penal Internacional “y es bueno recordar que la mayoría de las Constituciones Latinoamericanas (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, entre otras) establecen la responsabilidad presidencial y un sistema penal sancionatorio aunque este en ejercicio de sus funciones”.
