El mayor de los riesgos que plantea para el Estado la desacertada actuación de la Asamblea Nacional en la reciente designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no está solo en la carencia, en la mayoría de los designados de los requisitos constitucionales, sino el haber llevado a la cúspide del Poder Judicial la decisiva influencia de un sector del Poder Legislativo, ya que para diferentes Salas, fueron elegidos cinco parlamentarios.
En efecto, la Constitución exige optativamente cualquiera de las siguientes situaciones: haber sido profesor universitario en Ciencias Jurídicas, durante un mínimo de 15 años y tener el rango de Profesor Titular; o bien, haber sido Juez Superior en la especialidad correspondiente a la Sala, por más de 15 años. También está previsto el ejercicio profesional por igual tiempo, a lo cual debe incluirse el post-grado. No hay previsión del desempeño de otras actividades.
De allí que, todo un sector fundamental del poder del Estado, va a estar en manos de un pequeño grupo de sujetos que no son juristas, sino políticos de profesión, y a quienes corresponderá, entre otras funciones el control de los actos normativos.
Lo más grave es que los designantes, ni un solo momento se percataron de que estaban nombrando a los jueces máximos del sistema jurídico venezolano, que, como tales, tenían que ser los más aptos, y de reconocido prestigio como lo exige la Constitución.
El hecho de que, fuera la Asamblea Nacional la que escogiera y designara a los Magistrados del Tribunal Supremo, crea un desequilibrio entre los poderes del Estado, por cuanto dicho organismo será en cierta forma una prolongación de la Asamblea Nacional, no su órgano contralor.
¿Qué clase de procedimiento es el que se empleó para efectuar la elección?
Ha debido emplearse el de los concursos que, bien sabemos pueden ser de mérito o de oposición y, en muchos casos de ambos elementos. Aquí no se supo cuáles fueron los criterios de valoración y, es seguro que no estuvieron basados en el mérito, porque concursaron varios profesores ilustres, directores de institutos de investigación, estudiosos y autores de obras, pero quedaron desplazados, y uno se pregunta ¿por qué fueron desplazados? No es posible saberlo porque, la escogencia no estuvo avalada por una debida motivación.
El problema está en que, con la entrada al Tribunal Supremo de Justicia, por el muy largo término de 12 años, estaremos repitiendo el Caso de Velásquez Alvaray y su entorno. En efecto, él también entró por una vía exactamente igual a la comentada, sin mérito alguno y sin conocimientos jurídicos, y por eso, además de su conducta dolosa, es el responsable de muchos actos y acciones absurdas que han colaborado con el deterioro de la justicia.
Hay que reconocer los graves errores que incidieron sobre la elección, entre ellos, la configuración del Comité de Postulaciones Judiciales, al cual la Constitución creó como un organismo neutro, representante de los “diferentes sectores de la sociedad” (Art. 271), pero la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo convirtió en forma inconstitucional, en un apéndice del Poder Legislativo. La consecuencia de este grave error era inevitable: los electores eligieron a sus propios colegas, considerando que hacerlo era lo más natural de este mundo y, ejemplo de ello fueron los bochornosos aplausos con que se festejara cada nombramiento.
