CARACAS- La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en rueda de prensa, presentó los resultados de la reunión que realizó con los afectados por el caso de estafas inmobiliarias.
“Actualmente son 505 investigaciones que estamos llevando a cabo. Quiero señalar que a las victimas con las que me reuní se les informo que el Ministerio Público tenía veinte acusaciones, pero que las cifras podían variar”, acotó.
Agregó que se dictarán todas las medidas necesarias: “he dado la instrucción para que todos los inmuebles pertenecientes a los acusados y responsables de los fraudes puedan ser ocupados”.
Hoy día son 67 los fiscales trabajando a nivel nacional, pero aumentarán a 99 para fortalecer las investigaciones por estafas inmobiliarias, indicó.
“Existen 112 órdenes de privativa de libertad, 23 personas privados de libertad, 205 medidas reales (incluyen prohibición de enajenar y congelación de cuentas bancarias) contra las empresas dedicadas a la venta de inmuebles y 161 medidas de prohibición de salida del país; y las medidas se continúan dictando” destacó Ortega Díaz.
Ortega aseguró que “este es un problema que atañe al Estado en su totalidad; el Ministerio de Vivienda y el Ejecutivo, en manos del presidente Chávez, se han puesto frente a este problema inmobiliario”.
El Ministerio Público (MP) tiene la función de perseguir el delito y hacer efectiva la responsabilidad penal. De igual forma, está tomando medidas para garantizar el acompañamiento a las victimas para garantizar justicia penal y social.
A los afectados que aún no han recibido sus inmuebles por falta de protocolización, “un grupo de abogados les acompañará para que se haga efectiva la entrega de sus viviendas”, dijo la fiscal.
Extendió la instrucción para todos los fiscales a nivel nacional, excepto Amazonas y Vargas que no presentan estas faltas, para que se incorporen a las salas constitucionales para abocarse en la solución del problema.
Son muchos los venezolanos que aspiran a tener una vivienda digna. “Aplicaremos toda la ley, todo lo que sea necesario para que estas personas tengan justicia y que sientan que la institución está trabajando en el caso”.
Indicó además que el MP dictará medidas contra ingenieros municipales que otorgaron permisos de habitabilidad a obras que no estaban concluidas.
