CARACAS- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se comprometió este lunes a darle celeridad a la investigación sobre el golpe de Estado del 11-A.
“Con mucho amor recibo este documento y les prometo que continuaré con la investigación, pero hay que recordar que el Estado concedió una amnistía en diciembre del 2007”, manifestó Ortega Díaz en la sede del Ministerio Público, en Caracas, donde familiares de las víctimas de los sucesos del 11 de abril de 2002 consignaron un escrito para que cese la impunidad a nueve años del golpe de Estado dado por la derecha al presidente legítimamente elegido, Hugo Chávez.
La fiscal refirió que han asumido el compromiso de aclarar no sólo estos hechos sino también las masacres de Cantaura y Yumare, ocurridas el 4 de octubre de 1982 y el 8 de mayo de 1986, respectivamente, así como todos las violaciones de derechos humanos cometidas en las décadas de los 60, 70, 80 y 90 en Venezuela.
Yesenia Fuentes, en nombre de la Asociación de Víctimas del golpe de Estado del 11-A, fue la encargada de entregar el documento.
Juicio a diputados de oposición
Fuentes exigió el enjuiciamiento de los diputados opositores que participaron en esta acción.
“No podemos permitir que personajes como Enrique Mendoza, María Corina Machado, Julio Borges y Miguel Ángel Rodríguez, quienes participaron activamente en el golpe de Estado, en el que cientos de personas inocentes perdieron la vida, no estén presos sino que están disfrutando de inmunidad parlamentaria. Ellos deben ser castigados”, expresó.
También solicitó a Ortega Díaz designar una comisión del Ministerio Público para que continúe la investigación sobre la muerte de Danilo Anderson, fiscal que llevó las averiguaciones sobre el 11 de abril de 2002 y quien fue asesinado en noviembre de 2004.
En la sede del Ministerio Público, ubicada en Parque Carabobo, Caracas, finalizó la marcha de este lunes contra el olvido y la impunidad, la cual salió de Puente Llaguno.
Comisión de la verdad
El Partido Socialcristiano Copei, solicitará a la Asamblea Nacional que cree una Comisión de la Verdad que investigue la muerte de 19 venezolanos en los hechos del pasado 11 de abril del 2002. Le pedirán al Ministerio Público (MP) que investigue la presencia de personas armadas en la zona de seguridad del Palacio de Miraflores, la activación del Plan Ávila contra los ciudadanos, la presencia de francotiradores en un conocido hotel del centro de Caracas, entre otras interrogantes.
Roberto Enriquez, presidente del partido político aseguró que el “96% de casos no fueron tomados en cuenta. Estamos hablando de 19 muertos y 200 heridos”, acotó Enriquez.
