Ojeda acusa al gobierno de la crisis carcelaria

CARACAS- El diputado William Ojeda, responsabilizó al Estado de la situación que se vive en las cárceles del país.


“13 años después el sistema penitenciario está peor (…) esta indolencia que vivimos y que tiene reflejo directo en la sociedad cotidiana tiene remedio con el cambio político por la vía democrática en 2012”.
Cuestionó que se encontrara un arsenal de armamento, municiones y drogas tras las requisas en el penal sin que se inicie una investigación inmediata sobre los responsables de esta situación.


Aseguró que a pesar de las amenazas, los diputados de la Unidad se mantendrán cumpliendo con las obligaciones derivadas de la confianza que le brindó la población a través de su voto.
“Por más amenazas que hagan los poderosos del presente, por mas pretensiones de la arrogancia del poder, no callaran a la Unidad Democrática”.


Ratificó que lo que causa tanta urticaria a los integrantes del oficialismo tiene que ver con la responsabilidad por la situación carcelaria que considera que recae en el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami y los responsables del sistema carcelario, así como el tratamiento sesgado de la información por parte de los órganos informativos del Estado.


“Hemos exigido intervención del Estado para este problema desde hace años para enfrentar y resolver el drama del retardo procesal”.
Pidió que el Gobierno rinda cuenta sobre los recursos aprobados para la atención de las crisis carcelaria de la que se no se ven mejoras. “Dónde está el dinero y los responsables del manejo de estos recursos”.
Explicó que en la sesión del martes de la Asamblea Nacional, se aprobó una exhortación para que la presidencia del Parlamento para que se analice el caso.
“Mientras ellos hacen eso, nosotros analizamos la defensa de la gente porque esa es nuestra labor y de allí no nos apartarán ni un sólo instante”.


Designan comisión


La directiva de la Asamblea Nacional (AN) designó a una comisión para que revise la propuesta hecha por la parlamentaria Yelitza Santaella, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), de allanar la inmunidad parlamentaria del diputado William Ojeda, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT).
La comisión está integrada por los diputados Iris Varela, Carlos Escarrá, ambos del Psuv, y por Edgar Zambrano, de Acción Democrática (AD).


El vicepresidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea, Julio Chávez, dijo que en treinta días estaría listo un informe que determinará si el parlamentario William Ojeda deberá dejar su cargo de vicepresidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario y si es necesario allanar la inmunidad.
Una comisión integrada por diputados del Psuv y uno de la oposición serán los encargados de hacer la investigación. No descarta alguna relación de los diputados de la oposición con lo ocurrido en El Rodeo. “Este no es un caso aislado, algún nivel de articulación debe haber entre los diputados de oposición y lo que ocurre en los penales, es bueno que se investigue”.


Aseguró que es necesario que los pueblos estén informados con veracidad.


Recordó que tanto Yare, Vista Hermosa, La Planta y otras cárceles del país junto al Rodeo tienen medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para proteger la integridad física de la población interna, y “todo eso se desatendió”.


Emiten medidas de protección para familiares de presos en Rodeo I y II


WASHINGTON- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este miércoles al Gobierno de Venezuela que garantice la protección de los familiares que permanecen en las inmediaciones de las cárceles Rodeo I y II que sufrieron un intento de motín.


El Foro Penal Venezolano (FPV) pidió a la CIDH el pasado 18 de junio que exigiera al Gobierno venezolano medidas de protección para los reclusos de la cárcel de El Rodeo I y II y sus familiares.


Desde que unos 5.000 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GBB, policía militarizada) iniciaron hacia el amanecer del pasado viernes un operativo para desarmar a los reclusos de la prisión de El Rodeo I y su vecina Rodeo II, dos militares y un preso fallecieron y otros 22 soldados resultaron heridos.


Según la información recibida por la CIDH, hubo detonaciones en el interior de las cárceles y las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los familiares que se acercaron a los alrededores de las instalaciones penitenciarias.


La operación de desarme fue ordenada después de que en los días previos murieran 22 personas y 14 resultaran heridas en El Rodeo I, como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas que se disputaban el control del penal.


La CIDH, que ha alertado en numerosos informes sobre la situación de las cárceles venezolanas, ya había emitido medidas cautelares para los presos y ahora las extiende también a los familiares.