MP: Ejecutará plan para erradicar corrupción en penales

CARACAS- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó que es necesario implantar una política de Estado que vaya más allá del hecho jurídico y social, hay que adoptar un conjunto de medidas integrales y asumirlas de forma autocrítica para solucionar el problema penitenciario.
Durante el programa José Vicente Hoy, conducido por el periodista José Vicente Rangel, en Televen, Ortega Díaz, recordó que la seguridad en los centros penales está bajo la dirección de distintos organismos que abordan este tema de manera integral y brindan una respuesta a los privados de libertad, sus familiares y la sociedad.


Explicó que la respuesta del Estado venezolano frente al crimen no siempre tiene que ser la prisión, puesto que por encima del encarcelamiento debe privar el régimen abierto que le permita al individuo la reinserción.
“El principio tiene que ser la libertad, mientras que la prisión es una medida excepcional. Además, no se trata de la vigilancia, la custodia o un espacio donde van a pagar una condena, sino que en ese proceso deber existir la posibilidad de que el interno pueda reinsertarse en la sociedad y cambiar”, detalló la Fiscal General.


En torno a la creación del Ministerio para Atención Integral Penitenciaria, Ortega Díaz, expresó que esta nueva instancia ofrecerá soluciones inmediatas para el óptimo funcionamiento de las cárceles, así como de los servicios integrales que se ofrecen a los reclusos, tales como: educación, salud, trabajo y la garantía de su reinserción en la sociedad.


“Los centros penitenciarios y su población es un tema profundo y complejo que necesita de una persona que esté las 24 horas del día dedicada a estos temas, es decir, no puede distraerse en otros temas. Debe aplicar lo que está previsto en la Constitución: programas educativos, de salud, laborales que le garanticen al interno, incluso dentro el penal, una actividad socioproductiva”, recalcó la Fiscal General.
Además, sugirió la creación de un plan nacional de seguridad y prevención, donde resalte la defensa y desarrollo de los derechos humanos, así como un programa de acompañamiento al recluso y a sus familiares, meses antes de abandonar el centro penitenciario.