Jaua: Ley de Costos no pretende atacar a privados

CARACAS- El vicepresidente Ejecutivo, Elías Jaua, en compañía del gabinete económico, informó este lunes que la Ley Habilitante de Costos y Precios Justos, que entrará en vigencia este martes, no pretende atacar al sector privado, sino que pretende confrontar a las prácticas especulativas.


Jaua señaló que los empresarios no tienen por qué sentir temor con esta nueva herramienta legal. Por el contrario, solo deberán tener temor aquellos que han hecho de la especulación una práctica económica.
En referencia a la reacción y el rechazo de Fedecámaras –asociación que agrupa a las empresas privadas del país– a la Ley, Jaua recordó que estos grupos “han usado la economía en contra del Gobierno Bolivariano para chantajear al pueblo”.


En compañía del Gabinete Económico Productivo, el Vicepresidente enumeró cada una de los acuerdos incumplidos por las empresas afiliadas a Fedecámaras.


“De nada ha valido una política de favorecimiento al sector privado nacional, preferencia de protección arancelaria para la producción, políticas crediticias, mesas de diálogo, acuerdos para fijar bandas de precios irrespetadas una y otra vez, la informalización de la economía para burlar las regulaciones de precios. Esas han sido las prácticas de los sectores agrupados en Fedecamaras”, expresó.


El funcionario detalló que la nueva ley regulará bienes básicos. Dejó claro que el Gobierno no va a delegar en los sectores privados el ajuste de los precios. “No vamos a delegar en sectores corporativos la defensa de los intereses del colectivo”, expresó.

Sanciones


El vicepresidente aseguró que la Ley de Costos establecerá reglas claras para establecer sanciones, pero también estímulos. Dentro de las atribuciones de la Superintendencia de Costos, está previsto dictar las políticas de regulación de precios, inspeccionar y supervisar los libros contables. Los productores, importadores y comercializadores estarán obligados a colaborar con las investigaciones.


Esta instancia estará facultada además para establecer multas, que van hasta 15 salarios mínimos y amonestaciones; inhabilitación y ocupación temporal para mantener el servicio, hasta que se restituya la legalidad en el ejercicio y, en caso de una gravedad extrema, podrá recurrir a la intervención con el Ministerio competente.


La Superintendencia abarca los costos y precios de los productos, mientras que el Indepabis será sometido a un proceso de revisión. De acuerdo a Jaua, no está prevista su eliminación como organismo, toda vez que cumple con otras competencias como combatir la especulación y garantizar calidad de vida a los ciudadanos.
Aunque este martes se prevé la publicación del nuevo instrumento en Gaceta Oficial, su aplicación comenzará en los próximos 90 días. El sistema de medición permitirá la revisión de precios mensuales, de acuerdo al sector y a las circunstancias de los rubros.


La próxima semana convocarán las mesas de trabajo con los sectores productivos del país, para conocer los alcances de la ley y establecer los equipos de trabajo para determinar los costos de producción.


No se regularán todos los productos y servicios, “solo los esenciales para la vida de la familia, no vamos a regular cigarrillo y alcohol, no nos interesa, tampoco carros lujosos, nos interesan sectores como alimentos, salud y medicamentos, materiales de construcción y vivienda, educación, textiles, calzados y útiles”.