CARACAS – La denuncia la hizo ayer Carlos Larrazábal González, presidente de Conindustria: en lo que va del año 2011, se han registrado 401 intervenciones de empresas por parte del Estado. Esta realidad, en opinión de los industriales, sólo genera incertidumbre jurídica, aleja las inversiones y afecta las posibilidades de incrementar la producción.
El presidente del Conindustria expresó que los problemas de la economía no se resuelven con controles e intervenciones. Tampoco con la expropiación de la propiedad privada. Y explicó que las fallas en el abastecimiento, las cuales se tornan cada día más evidentes, y el alto costo de la vida, el cual golpea a la población de menores recursos, sólo tendrán solución cuando la producción interna aumente.
– Para que exista mayor producción y empleo – dijo el industrial – se requiere de un compromiso de diálogo y respeto mutuo entre sector público y privado.
El presidente de Conindustria reiteró que el sector manufacturero suscribe el “Plan Bienestar y Progreso” presentado el pasado jueves por Fedecámaras, el cual presenta una visión de país y plantea metas concretas para ir hacia una Venezuela con mayor calidad de vida.
Larrazábal expresó que es preocupante que el gobierno siga insensible a los llamados al diálogo de todos los sectores de la sociedad. Y que se continúe con la estrategia actual: atacar a la propiedad privada. Esta política contra la propiedad privada, en opinión del representante del sector industrial nacional, “conduce inevitablemente al empobrecimiento, desmejora de la calidad de vida de la población y mayor inflación”.
Subrayó que la mayoría de los registros de intervenciones del Estado en la propiedad y empresa privada (alrededor del 80 por ciento) se han generado desde 2009 y a un ritmo creciente. Tan sólo en lo que va de esta mes, de acuerda a las cifras que maneja Larrazábal, se han verificado 11 casos.
El dirigente empresarial subrayò que Conindustria está dispuesta a establecer un diálogo entre todos los factores de la sociedad. Es decir, no sólo con el gobierno nacional sino también con los trabajadores y demás organizaciones públicas y privadas, con la finalidad de buscar mecanismos alternativos que permitan recuperar la economía y lograr la calidad de vida que todos merecemos.
