Escarra: “Los problemas internos se resuelven en Venezuela”

CARACAS- Las inhabilitaciones hechas en Venezuela a políticos venezolanos por ilícitos administrativos, entre otros delitos, “no son ajenas a la institucionalidad latinoamericana, ni a las instituciones de control que existen en el mundo”, señaló el procurador general de la República, Carlos Escarrá.


Durante entrevista difundida este domingo en el programa José Vicente Hoy, que trasmite Televen, el Procurador General recordó que políticos venezolanos inhabilitados administrativamente han “hecho un escándalo internacional, y lo que ha hecho el Contralor General de la República, no es ajeno a la institucionalidad latinoamericana, ni a las instituciones de control que existen en el mundo”, enfatizó.
Refirió que en Colombia las inhabilitaciones las hace la Fiscalía, en Perú la Procuraduría y en los Estados Unidos de Norteamérica, la procuraduría.


Del mismo modo, dijo que están pendientes un conjunto de decisiones por parte de organismos internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), relacionadas con inhabilitaciones hechas a políticos venezolanos.


Al respecto, señaló que Venezuela tiene desde el punto de vista constitucional varias normas, y sobre la base de esas normas la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha dictado un conjunto de decisiones.


“No puede una sentencia internacional desconocer el ordenamiento jurídico constitucional de Venezuela, ni ir por sobre las instituciones venezolanas. Aquí se quiso ejecutar una sentencia (por parte de la (Cidh)”, indicó.
Dijo que estaría en juego la existencia del Estado, la soberanía y la independencia de la República si se ejecutarán este tipo de sentencias internacionales.


“Los problemas del Poder Judicial, internos estructurales se resuelven en Venezuela, no los van a resolver en el exterior”, recalcó el Procurador General de la República.


Asimismo, recordó que el ex-alcalde Leopoldo López pidió protección en la Cidh por la inhabilitación de 15 años, aplicada por la Contraloría General de la República, por ilícitos administrativos.


“A él no se le inhabilitó por ejercer la política, porque entre otras cosas fracasó cuando fue a una elección nacional. De tal manera que allí no hubo temor o fantasma político. Sencillamente este señor violó la ley”, agregó.


Carlos Escarrá señaló que la lucha contra la corrupción “quedaría sin armas, sino se tiene la posibilidad de que el órgano contralor tome decisiones e imponga sanciones de carácter administrativo”.