CARACAS- Desde este martes, entra en vigencia la Ley de Costos y Precios Justos, el último mecanismo creado por el Gobierno Nacional para controlar el valor de los productos y con ello tratar de poner el freno sobre la inflación. Más allá de los señalamientos que han hecho actores empresariales en torno a las posibles consecuencias negativas de la normativa sobre la producción, uno de los problemas que se presenta en las puertas de la aplicación de esta Ley es que existe poca información respecto a los requisitos necesarios para el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, y éste último es el encargado de entregar el Certificado Electrónico de Registro obligatorio para todos los actores sujetos a la Ley.
Una de las atribuciones de este Registro es facilitar el proceso de inscripción en el mismo, pero esto aún no se ha dado. El Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios es la dependencia encargada de recopilar toda la información de los sujetos afectados por la norma, así como los precios de los bienes y servicios comercializados en el país.
Otra de las incertidumbres que rondan al instrumento legal es si el mencionado certificado de registro será utilizado como un requisito más para la importación o adquisición de divisas.
La primera fase de la aplicación de la Ley comienza hoy con la fiscalización de la estructura de costos de alimentos, productos de higiene personal y productos del hogar. El ministro para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, informó días atrás que desde el lunes 14 de noviembre funcionarios organismos del Estado, como el Seniat, ya habían comenzado la preparación de los fiscales que se emplearán para la aplicación de la Ley.
A partir de enero del próximo año comenzará la segunda fase de ejecución de la Ley con la revisión de los precios de los medicamentos.
Botti: “Ley de costos y precios justos no favorecerá a la población”
CARACAS- El presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, indicó que la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos no favorecerá a la población.
“La ley lejos de favorecer a que el venezolano recupere su poder de compra lo alejará de eso (…) ha quedado demostrado con anterioridad que los controles no han servido para lograr la tan ansiada estabilidad”.
Indicó que la ley propone un esquema generalizado para todos los sectores económicos.
Refirió que el reglamento de la ley “que fue hecho a la carrera para que la ley entrara en vigencia mañana” deja más dudas que aclaratorias.
Informó que el ente estudia las acciones legales que se pueden ejercer contra el instrumento legal.
Dijo que sería bien visto que los diputados opositores llevaran a la Asamblea Nacional una iniciativa que hablara del aumento de la producción.
