Scarano denuncia ante ONU irregularidades en su detención

CARACAS- La defensa del exalcalde de la ciudad venezolana de San Diego, Vicenzo Scarano, informó este martes que ejerció acciones de denuncia ante la ONU por la detención del exburgomaestre, quien fue condenado a 10 meses y 15 días de prisión por desacatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“La representación de Scarano (…) ha ejercido acciones ante el comité de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, en las cuales se denuncia la forma irregular de como se detuvieron a estos ciudadanos por parte de la sala constitucional”, informó el abogado Alonso Medina en una rueda de prensa.

Medina es también el representante legal del jefe de Policía del mismo municipio, Salvatore Lucchese, condenado al igual que Scarano el pasado 19 de marzo por el TSJ por no acatar una sentencia que les obligaba a impedir la colocación de barricadas a quienes protestaban contra el Gobierno.

El abogado explicó que esta denuncia ante la ONU se ha hecho “en paralelo” con la solicitud que introdujeron el pasado 12 de mayo ante el tribunal venezolano que lleva el caso de los dos exfuncionarios para que ejecute la sentencia “a los fines de optar a una de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena”.

Asimismo, indicó que, desde la publicación de la sentencia, el pasado 9 de abril, “que condenaba a ambos y ordenaba la remisión inmediata al tribunal de difusión a los fines que ejecutara la sentencia”, la sala encargada de la causa “no ha emitido pronunciamiento alguno” en cuanto a la ejecución de la misma.

“Usualmente el tribunal, una vez recibido el expediente, en los próximos tres días debe proveer, acordar la ejecución de la sentencia”, sostuvo.

“Esto es supremamente grave porque ejecutar la sentencia y sacar el cómputo de la misma es el primer requisito que requiere todo privado de libertad para optar por un beneficio, por una medida alternativa para el cumplimiento de la pena”, añadió.

Para Medina, el “silencio del tribunal” afecta a sus defendidos porque, dijo, “no les permite optar por un beneficio como es la suspensión condicional de la pena”.