CARACAS – Pica y se extiende. La polémica por cierre de la frontera no pareciera tener fin. Y, mientras los cancilleres de Colombia y Venezuela buscan darle una oportunidad a la diplomacia y desde el exterior Unasur y otras organizaciones multinacionales hacen votos para una pronta solución del “impasse”, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, anunció ayer que está recopilando información para presentar una denuncia contra el gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) por cometer “claros delitos de lesa humanidad” al expulsar a los indocumentados.
– Estamos recaudando información sobre estas agresiones para ponerlas en conocimiento de la Corte Penal Internacional – señaló a la cadena de radio colombiana Rcn -. Estamos frente a delitos de lesa humanidad. Es dramático y alucinante – añadió -. Aquí estamos frente a claros delitos de lesa humanidad, aquí se debe pedir la unidad de la institucionalidad frente a estas víctimas de actos sistemáticos contra los colombianos.
Ordóñez expresó que las imágenes de televisión que muestran la demolición de las casas y a los deportados trasladando por un río fronterizo algunas de sus pertenencias recuerdan la época nazi.
El ex presidente colombiano y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) César Gaviria también comparó lo ocurrido en la frontera con la persecución nazi contra los judíos.
De otro tenor, en cambio, las declaraciones del presidente Maduro que ha convocado a la unidad a los colombianos que viven en Venezuela. De hecho, llamó a los ciudadanos del vecino país, que viven en la frontera colombo-venezolana del estado Táchira, a sumar esfuerzos para consolidar un poderoso movimiento de paz.
– Llamo a todos los colombianos dentro del país a unirse al pueblo de Venezuela – dijo el jefe de Estado.
Ayer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos viajó a Cúcuta para verificar situación en la frontera. De acuerdo con los ‘mass-media’ de Colombia, Santos se habría reunido con los afectados en Cúcuta y Villa del Rosario.
Por su parte, el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Francisco Martínez, dijo ayer que espera que los gobiernos de Venezuela y Colombia logren solventar el problema de la frontera entre ambos países por medio del diálogo.
A su juicio la decisión de cerrar la frontera entre San Antonio y Ureña tendrá un efecto severo en la economía binacional.
Obligar a los comerciantes a abrir sus locales en la frontera colombo venezolana, comentó el presidente del organismo empresarial, no soluciona los conflictos económicos y de seguridad entre ambos países. Martínez dijo que es necesario modificar el marco regulatorio para eliminar las trabas burocráticas que afectan la producción nacional.
Comentò:- Se debe derogar la Ley de Precios Justos, revisar Ley Orgánica Tributaria, Contribuciones Parafiscales, y la Ley del Trabajo debe ir a un debate nacional.
También el vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, igual que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitò la frontera colombo-venezolana. Desde el puente internacional Simón Bolívar, que permanece cerrado al paso de personas y vehículos, indicó que Colombia debe evaluar las “omisiones” en materia de política económica que “dañan” la moneda venezolana.
– Los tipos de cambio distinto – dijo – agreden nuestra economía. El dólar paralelo, ese que tanto daño hace, viene desde EEUU y desde este sector fronterizo, a partir de esa política monetaria colombiana.
El vicepresidente manifestó que Colombia tiene políticas que “de una manera u otra legalizan el contrabando”.
– Queremos establecer relaciones francas – aseguró – pero con las dos constituciones por delante.
