CARACAS – El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designado por la Asamblea Nacional (AN), Antonio Marval, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, informó que la Organización de Estados Americanos (OEA) está preparando la instalación del máximo tribunal venezolano.
Pedro Troconis, miembro de la Sala de Casación Penal, informó que aunque el TSJ designado por la AN no pudo instalarse en su sede ni emitir sentencias, tomará posesión oficialmente en las oficinas de la OEA a partir del 13 de octubre.
Troconis, a través de declaraciones para El Nacional Web, expresó:
‘‘Escogimos la OEA porque consideramos que es un organismo imparcial y con una cantidad de Estados considerable’’.
También explicó que la decisión fue tomada el 17 de septiembre luego de que los magistrados designaran a Miguel Ángel Martin, integrante de la Sala Constitucional, como presidente del TSJ.
Para poder llevar a cabo el procedimiento de instalación se espera la presencia de los juristas que se encuentran exiliados en Estados Unidos, Chile, Colombia y Europa.
Desconocimiento por el Estado venezolano y reconocimiento internacional
El 21 de julio la AN designó y juramentó a los integrantes del Poder Judicial, que previamente se sometieron ante un Comité de Postulaciones; pero a pocas horas después del acto de juramentación el presidente Nicolás Maduro los desconoció y acusó de usurpar las funciones del Poder Judicial.
Mientras algunos de los juristas se refugiaron en las embajadas de México y Chile, y otros optaron por el exilio, Ángel Zerpa fue apresado por los agentes de inteligencia el 22 de julio y fue posteriormente trasladado a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
Luego de más de 20 días en huelga de hambre Zerpa fue liberado bajo medidas cautelares, aunque todavía se encuentra en medio de un proceso judicial.
A pesar del desconocimiento expresado por el presidente Maduro, el TSJ designado por la AN cuenta con reconocimiento de la OEA, donde se instalará, y del Parlamento Europeo.
“Podremos emitir acuerdos (pronunciamientos) para dirigirnos a gobiernos y autoridades para que se hagan investigaciones contra funcionarios que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, narcotráfico o legitimación de capitales”, adelantó Troconis.
