CARACAS – Ricardo Menéndez vicepresidente de planificación afirmó que es necesaria una transformación profunda del aparato productivo del país para “resembrar la economía”.
“La agenda debe asumir la territorialidad donde ocurran las actividades económicas”.
Agregó que el Gobierno está buscando en las Zonas Especiales Económicas generar atracción para nuevas inversiones nacionales e internacionales capaces de instalarse en el país y sustituir importaciones.
Explicó que la Zona Especial Económica Morón-Puerto Cabello tiene un potencial ser de mayor accesibilidad, donde confluyen el sistema ferroviario, autopistas como la Regional del Centro. Menéndez expresó que esa zona “es el epicentro del 68% de la industria instalada en Venezuela”.
Ya esta semana el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami anunció a Víktor Clark y Rafael Lacava como autoridades de las Zonas Económicas Especiales de Falcón y Carabobo respectivamente. Así como también anunció la implementación de casas de cambio en estas zonas.
En este momento existen cuatro Zonas Económicas Especiales en Venezuela: Paraguaná, Fronteriza Ureña – San Antonio, Morón – Puerto Cabello y la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez.
Menendez afirmó también que la Asamblea Nacional no puede interrumpir el proceso porque estaría interviniendo en la visión de seguir construyendo. Esto en cuanto a la interrogante planteada sobre presentar el presupuesto de la nación a la Asamblea Nacional Constituyente. “El 70% del presupuesto será destinado a infraestructura y aparato económico productivo, por ende quien esté en contra no desea que exista país”, dijo el vicepresidente.
Menéndez ya había afirmado anteriormente que al igual que en los presupuestos anteriores, el del 2018 estará apoyado principalmente en los ingresos tributarios.
Ante la presentación del presupuesto nacional a un ente al cual no refiere la constitución como es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, esto ya tiene un antecedente. El presupuesto nacional del año 2017 fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia debido a la situación de “desacato” que enfrenta la Asamblea Nacional.
