CARACAS – La salida de Luisa Ortega Díaz del Ministerio Público comienza a generar consecuencias palpables. El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, dijo hoy que los activos de las empresas incursas en ilícitos cambiarios pasarán a manos del Estado.
Una nota de agosto del matutino El Nacional establece que “la fiscal general de la República,
Luisa Ortega Díaz, denunció este miércoles en la cumbre de fiscales celebrada en la ciudad de Brasilia que Tarek William Saab posee seis expedientes por corrupción en Venezuela, relacionados con el desfalco de Pdvsa”.
Sale Ortega Díaz: emerge corrupción en Pdvsa
En este orden de ideas, cabe resaltar que Saab dijo que se desmanteló una banda que desvalijaba vehículos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Los autos estaban asignados a dependencias situadas en Monagas. La pandilla robaba seriales para asignarlos a carros robados.
El ex gobernador de Anzoátegui, quien por años fuera un vigoroso activista de DDHH, también indicó que se allanaron la semana pasada 13 empresas sin domicilio fiscal. Supuestamente, estarían implicadas en ilícitos cambiarios contra el Estado
Denunció que la gestión de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, no llevó a tribunales el caso de Odebrecht. El mismo ha avanzado de manera jurídica –aseguró- y pronto se dispondrá de mayor información.
El Caso Odebrecht corresponde a pesquisas del Departamento de Justicia de EEUU, cuya data fue divulgada el 21 de diciembre de 2016. Se detalla que la brasilera era un caso singular en coimas de dinero y sobornos. Entre los países involucrados estuvieron Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, México y Panamá.
La periodista de investigación Lisseth Boon dijo el 06 de febrero pasado en el portal Runrunes: “El presidente Nicolás Maduro mencionó por primera vez a la constructora Odebrecht en su programa del domingo 5 de febrero del 2017, mes y medio después de que estallara el escándalo por el pago de millonarios sobornos a funcionarios de 12 países a cambio de contratos de obras de infraestructura”. Y precisó: “Pero no lo hizo para aclarar el destino de los 98 millones de dólares con los que Odebrecht sobornó a funcionarios venezolanos entre 2006 y 2015, tal como admitió la constructora brasileña ante el Departamento de Justicia de EEUU el 21 de diciembre de 2016, remata el despacho del portal de noticias.
