CARACAS – Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, convocó a diplomáticos acreditados en el país para explicar el proceso de refinanciamiento de la deuda externa venezolana. Explicó la posición del parlamento y agregó que el proceso de refinanciamiento es voluntario pero debe pasar obligatoriamente por el legislativo.
Borges explicó que para la Asamblea Nacional, lo más importante es que a través del refinanciamiento el Gobierno “se abra a un cambio profundo y estructural de la economía”. Además aseguró que el Gobierno está atrapado entre que tiene que abrirse a las reglas del mercado o “seguir consumiéndose”.
El presidente Nicolás Maduro anunció que el gobierno venezolano iniciará un proceso de reestructuración y refinanciamiento de la deuda externa. Para esto, el presidente designó una comisión presidida por el vicepresidente Tareck El Aissami con el objetivo de reunirse con todos los bancos y tenedores de bonos involucrados con la deuda. El presidente realizó un viaje a Rusia el mes pasado para iniciar las conversaciones con Putin.
Días antes del anuncio del presidente, fue el propio Julio Borges quien propuso esta medida para el país. El presidente del parlamento propuso en esa oportunidad utilizar el dinero del pago de la deuda en la importación de alimentos y medicinas. Además recordó que Venezuela debe pagar en el año 12 mil millones de dólares. “El gasto social de 2017 no llega ni a 40 % de ese monto”.
¿Borges dice lo correcto?
Sin embargo, el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández aseguró, en un texto escrito en el portal Prodavinci, que el refinanciamiento de la deuda no necesariamente pasa por la Asamblea Nacional. Hernández asegura que solo en el caso de tres excepciones, el ejecutivo se vería obligado a recibir una autorización del poder legislativo para este proceso.
“El gobierno puede reestructurar o refinanciar la deuda sin autorización de la Asamblea Nacional, siempre y cuando (i) ello no implique emitir deuda por encima del límite fijado por Ley de la Asamblea, (ii) los contratos suscritos a tales efectos no sean “contratos de interés público”, y (iii) la reestructuración o la renegociación no empeore la condición de la deuda”.
