CARACAS – El gobierno de Estados Unidos reiteró su petición para la liberación del ciudadano estadounidense, Josh Holt, quien fue detenido por presunto porte de armas durante su estadía en Venezuela. La madre de Holt aseguró que el joven se encuentra en grave estado de salud.
Josh Holt viajó a Venezuela en junio de 2016 para casarse con una venezolana llamada Thamara, a quien conoció en un foro de Internet. Holt se quedó a vivir temporalmente con ella y sus dos hijas mientras esperaban la emisión de sus visados para viajar a Estados Unidos.
Dos semanas después de haberse casado, las autoridades venezolanas arrestaron a la pareja en su vivienda. El entonces ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Gustavo González López, informó que en la redada se habían encontrado munición, rifles, una granada y mapas detallados de Caracas.
La madre del joven estadounidense, Laurie Holt, expresó hace unos meses al diario The Wall Street Journal que su hijo había perdido 27 kilogramos en prisión. También informó que presenta neumonía, bronquitis y una infección en la sangre.
El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Heather Nauert, reiteró la solicitud de liberación de Josh Holt por “razones humanitarias”. El día de ayer el joven fue llevado a juicio.
“Estamos decepcionados de que Josh Holt no haya sido liberado por razones humanitarias, como hemos pedido al Gobierno de Venezuela. Tras su audiencia de ayer, seguimos preocupados por su estado de salud y su falta de acceso a lo que consideramos una atención médica suficiente”, expresó Nauert durante una rueda de prensa, quien lamentó que el juicio se haya llevado a cabo 18 meses después de haberlo detenido.
La situación carcelaria en Venezuela es crítica
La organización no gubernamental The World Justice Project, que analiza el sistema judicial en 97 países, calificó a la Justicia venezolana como “la peor del mundo”. Venezuela se encuentra por debajo de Zimbabue e incluso Irán.
Por otra parte no se escapa la grave crisis por falta de alimentos y medicinas. Un informe de la organización Human Rights Watch alertó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro vulnera los derechos de los venezolanos a la salud y la alimentación. La ayuda humanitaria internacional se encuentra disponible pero el Estado no la acepta.
En septiembre del año pasado la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) difundió un comunicado basado en las estadísticas presentadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). En ese entonces, el informe destacó un hacinamiento de 190% en los internados judiciales, centros penitenciarios y retener policiales. También existe insalubridad en las infraestructuras así como deficiencia en la atención médica de los reclusos.
Impera además el uso excesivo de la fuerza, tratos crueles a los privados de libertad, retraso en el traslado de los recursos y una presencia elevada de los llamados “pranes”, quienes lideran de forma negativa un penal.
Según los últimos informes del OVP, la situación de salud en las cárceles es la siguiente: es vulnerada constantemente en los centros de reclusión, no existe atención medica durante las 24 horas, la mayoría de estos centros no cuentan con el personal ni con el equipo e insumos suficientes para atender emergencias, el Estado no ofrece el tratamiento que algunos internos requieren y son los familiares los responsables de cubrir todos los gastos de medicamentos. Por último las enfermedades más frecuentes son las dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias. Estas se deben a una alimentación inadecuada, medios insuficientes para el aseo personal, falta de acceso al agua potable, entre otras.
