CARACAS – Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este jueves, 18 de enero, sanciones contra siete funcionarios de altos cargos en el gobierno de Nicolás Maduro a quienes acusan de ser responsables de la represión en el país.
Entre los sancionados se encuentran Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Y Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Las medidas tomadas por la UE incluyen la prohibición de viajes a Europa y el congelamiento de activos. Además, buscan fijar una postura más dura en relación con el gobierno de Maduro.
“El Gobierno ha aplastado a la oposición y es culpable de abusos a los derechos humanos, así que creemos que es tiempo de enviar un mensaje fuerte”, dijo un diplomático europeo involucrado en las discusiones.
Se estima que la decisión de la UE se formalice la próxima semana en el Consejo, aunque el trámite podría demorarse algunos días.
Las sanciones están ya acordadas y se suman a las impuestas en noviembre: un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la represión interna en Venezuela.
Presión internacional
De acuerdo con Reuters, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, la UE no pretende sancionar al propio Nicolás Maduro, “buscando en lugar de eso presionar a su entorno pero permitiéndole la opción de viajar a cualquier conversación futura”.
Recientemente, la ONG internacional Human Rights Watch (HRW) calificó a Nicolás Maduro de “autócrata incompetente” y resaltó la importancia de la resistencia popular ante un sistema de gobierno que definen como “populismo autoritario”.
En su informe anual 2018, HRW hizo referencia a las protestas antigubernamentales del año 2017 que, según expresa el documento, dejó un centenar de fallecidos tras la represión ejecutada por el Estado.
Maduro “consiguió mantenerse en el poder en gran medida mediante la violenta represión que estuvo dispuesto a desplegar (…) arremetió de manera brutal contra opositores aprovechándose de un TSJ servil y de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que él creó para quitarle y asumir las facultades legislativas de la Asamblea Nacional”, cita el informe.
Asimismo, HRW señaló que ante la situación actual de Venezuela “muchas personas no se quedarán con los brazos cruzados”. A juicio de la organización la única esperanza que le queda al país para salir de la crisis es la presión internacional, especialmente de los países vecinos.
“En este panorama tan crítico, no hay instancias internas para frenar abusos o castigar a los responsables. ¿Qué es lo único que queda? Las instancias internacionales. Son la única posibilidad, la condena internacional constante”, expresó José Miguel Vivanco, director para América de HRW.
