La MUD decidió abstenerse. Sin embargo, AP, al parecer, va a postular a Henry Falcón. Es posible que otros también se sumen a ese carnaval (no por las fiestas, sino por los disfraces), entre ellos un pastor evangélico, imposibilitado constitucionalmente para ser electo justamente por ser ministro de un culto. No obstante, la unidad monolítica de la oposición era una ilusión.
El gobierno, que luce deseoso de ir a un proceso electoral (que bien sabemos, perdería en condiciones más o menos equitativas), ahora amenaza con una mega-elección o adelantar las parlamentarias para este año, y, de ese modo (fraudulento), disolver la Asamblea Nacional (que pese a sus maniobras para anularla y de haberlo logrado, es un enorme escollo para sus fines), aunque su ejercicio no cesa hasta enero del 2021.
Si la comunidad internacional ya rechazaba un proceso electoral convocado por un ente incompetente para ello, aun si fuese legítimo (y sabemos, no lo es); podemos esperar una actitud mucho más crítica frente a lo que acertadamente ha calificado Julio Borges como un suicidio. Cabe preguntarse por qué tanta torpeza (sobre todo porque no creo en estupideces de gente no es estúpida).
Podríamos imaginar que ante la negativa de la MUD para prestarse a su farsa del 22 de abril próximo, reorientan sus estrategias. Tal vez buscan dividir aún más a la oposición y de ese modo, imponerse. Podría ser, aunque, obviamente, no resolvería el escollo principal: la comunidad internacional no va a reconocer el gobierno resultante de esas elecciones (y por ende, su precaria legitimidad va a desaparecer). Dudo que los analistas del gobierno no se hayan paseado por este escenario, aunque posiblemente Cuba les asegure que es posible entronizarse con un enorme rechazo.
Otra posibilidad es que la élite esté jugándose a Rosalinda. Sin embargo, nadie apuesta full monty salvo que esté arrinconado. Entonces viene al caso preguntarse si realmente lo está. Veamos esto con calma.
Las recientes declaraciones de Estados Unidos son elocuentes. En mi tierra lo dicen de otro modo. Algo así como «dele, que no viene carro». Sé que la expresión es fuerte, y sin lugar a dudas, incómoda para muchos (en el gobierno y en la oposición). Sobre esto, cabe decir que, en primer lugar, si bien la intervención militar extranjera no está descartada por los Estados Unidos (sobre todo porque hay precedentes, como lo son los casos de la extinta Yugoslavia y la guerra en los Balcanes, como el caso sirio), no es la primera opción (las invasiones a Grenada y Panamá cayeron muy mal en el hemisferio).
Otra lectura posible sería que en efecto, ante la grave amenaza que Venezuela supone para la región (por los desplazados y por los lazos que supuestamente mantienen autoridades del gobierno con el narcotráfico y el terrorismo), las naciones del hemisferio, lideradas por Estado Unidos, estarían ejerciendo presión internamente para promover una «salida desde adentro». Para el gobierno (y muchos más), esto supone un acto criminal (porque azuzarían un golpe de Estado). Y de hecho, podría serlo (y tendrían razón quienes lo rechazaran), si el gobierno revolucionario no hubiese decidido ponerse al margen de la constitucionalidad e incluso, de los principios democráticos reconocidos universalmente.
La constitución vigente (y que sigue estándolo) no solo establece expresamente el derecho natural a desconocer un gobierno opresivo (art. 350), sino que además, lo impone como un deber ciudadano, se esté o no investido de autoridad (art. 333). Y como ya hemos dicho, aunque ya desde el inicio de este proceso revolucionario se fue vulnerando la constitución y las leyes (por ejemplo, la enmienda para permitir la reelección de Chávez en el 2012); a partir del triunfo opositor en la parlamentarias del 2015, el gobierno ha trasgredido el orden democrático, la constitución y las leyes. Ha ido perpetrando un golpe de Estado (un golpe de Palacio) para mantener el poder hegemónico, aun en contra de la voluntad popular.
No voy a citar a San Isidoro de Sevilla (filósofo de la Antigüedad Tardía), Santo Tomás de Aquino (Edad Media) e incluso, la Ilustración del siglo XVIII. Me basta referir a los instrumentos modernos (como las Cartas de San Francisco de 1945 y de Bogotá de 1948) para justificar el derecho soberano del pueblo venezolano a desconocer unas autoridades que dejaron de gobernar para y por el pueblo, y en su lugar, ha degenerado en una camarilla que se refugia en el poder para no perder sus privilegios. Las últimas actuaciones del gobierno de Maduro evidencian su carácter opresivo (ha secuestrado todas la instituciones e incuso, ha levantado un súper poder ilegitimo para atrincherarse en el poder) y, por lo tanto, la pérdida de su legitimidad y la plena justificación del derecho a desconocerlo.
Nadie habla pues, de tanques recorriendo las calles y de aviones bombardeando. Solo se habla de hacer lo que constitucionalmente está permitido, e incluso, demandado: poner coto a las aspiraciones autocráticas de una élite negada a reconocer la voluntad popular, que se ha resguardado en un aceitado aparato represor. Es por esta razón que el sufragio ya no es suficiente, ya no es más la herramienta por excelencia para decidir (porque lo es solo en los órdenes democráticos). Urge por ello, allanar otras vías igualmente constitucionales, a través de un genuino frente nacional que reúna a la mayoría de los sectores representativos de la nación para contener al gobierno y forzarlo a aceptar la pretendida transición.
No dudo que Washington iniciaría un agresivo discurso para reinstituir lo que en la década de los ’60 se llamó «la Doctrina Betancourt», y convencer al hemisferio de la necesaria transición en Venezuela para preservar el orden democrático (y el orden público) en la región.
Francisco Martínez Pocaterra
