CARACAS – Es posible que haya alguna fisura en el recuento que sigue en estas líneas, pero, mutatis mutandi, esta ha sido la trama. En marzo de 2015, los Estados Unidos declararon a Venezuela como una “amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses”. Las relaciones bilaterales venían siendo cada vez más tensas.
Esto, han explicado algunos expertos en la materia, como el doctor José Toro Hardy, fue una decisión del gobierno de Barack Obama que se justificó porque –por ley- el gigante del norte debía sentar ese precedente antes del zarpazo que realmente le interesaba dar: la suspensión de visas y la congelación de activos en territorio estadounidense de siete funcionarios militares y policiales venezolanos.
¿Quiénes entraron en este primer lote? El Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central (REDI Central) Antonio Benavides Torres; el director de la policía política Sebin, Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional, Justo Noguera Pietri; la fiscal 20 del Ministerio Público, Katherine Haringhton; el director de la Policía Nacional Bolivariana, Manuel Pérez Urdaneta; el comandante de la 31 brigada armada del Ejército, Manuel Bernal Martínez; el Inspector General de las Fuerzas Armadas, Miguel Vivas Landino.
Segundo blanco: las togas negras
Luego, en mayo de 2017, vino una segunda oleada, pero ya bajo la presidencia de Donald Trump. Esta vez el blanco fueron las togas negras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). ¿Nombres?
-Maikel Moreno, presidente del TSJ
-Juan José Mendoza Jover
-Arcadio de Jesús Delgado Rosales
-Gladys María Gutiérrez Alvarado
-Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán
-Luis Fernando Damiani Bustillos
-Lourdes Benicia Suárez Anderson
-Calixto Antonio Ortega Ríos
Dicen que la Santa Madre Iglesia Católica cuenta el tiempo en siglos. Si eso es verdad, también habría que decir que los Estados Unidos no toman decisión alguna jalonados por el azar. Sea que estén demócratas o republicanos en el Salón Oval, la patria de George Washington tiene una sola visión muy bien estructurada, a la hora de hablar de la diplomacia y el ajedrez internacional. Las sanciones han venido siendo administradas con criterio de escasez, no con escasez de criterio. Y han sido lanzadas a la hora justa. Como un dardo certero.
Hacia noviembre de 2017, finalmente, se ejecutó una tercera “razzia”. Diez altos cargos de los poderes públicos y personalidades asociadas a la gestión del presidente Nicolás Maduro. Acá los nombres que reventaron en ese momento:
-Socorro Hernández, rectora del CNE.
-Manuel Fernández, ex presidente de Cantv.
-Elvis Amoroso, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente.
-Jorge Elieser Monsalve, ministro del Despacho de la Presidencia.
-Sandra Oblitas, rectora del CNE.
-Carlos Osorio, presidente del Órgano Superior de la Misión Transporte.
-Isaías Rodríguez, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente.
-Ernesto Villegas, ministro para la Cultura.
-Freddy Bernal, ministro de la Agricultura Urbana.
-Carlos Quintero, rector suplente del CNE.
Nada al azar
El factor sorpresa, claro está, siempre ha hecho parte de los despachos del Imperio. Hoy mismo hemos tenido novedades, en este orden de ideas. Todd Robinson, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, comenzó a echar mano de los micrófonos. No tiene mucho de haber sido designado de nuevo al frente de la diplomacia estadounidense acá. Su perfil siempre le ha resultado hostil al chavismo.
Al grano: la lista de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro sancionados aún no está terminada. Media un proceso de investigación extenso y quieren efectuarlo detalladamente. Dígase una vez más en estos párrafos: nada al azar.
“Siempre estaremos para ayudar a los venezolanos e intentar prestar la colaboración necesaria para que sea nuevamente un país próspero y democrático”, se ha decantado Robinson por un tono edificante a la hora de romper el hielo. No están dadas las condiciones democráticas y transparentes para que se realicen las presidenciales, dijo el alto funcionario.
Robinson acá en Venezuela puede ser un peso pesado, pero en las filas de la democracia gringa es apenas un alfil más. Por eso su vocería ha sido suave. Pero el lector de noticias aguzado recordará las declaraciones del Departamento de Estado en enero de este año: “Nuestra posición y la posición de la comunidad internacional es muy clara. Estas elecciones serán ilegítimas, los resultados no serán reconocidos”. Tan sencillo. Colombia tampoco reconocerá los números del CNE. Acá adentro, el Frente Amplio se servirá hacer lo propio.
En ese momento, el vocero del Departamento de Estado añadió:
“Y el gobierno (venezolano) necesita hacer reformas electorales significativas que permitan unos comicios verdaderamente libres, justos, transparentes y creíbles bajo la observación internacional”.
Al menos no podrá decirse que Estados Unidos no fijó posición con claridad.
Pero nótese que ya Robinson anuncia una nueva tanda de sanciones. Ha salido eyectado Rex Tillerson del Departamento de Estado, y se ha puesto frente al timón a Mike Pompeo, un ex director de la CIA que ha admitido que su gestión estuvo moviendo los hilos tras la última tanda de sanciones. Parece que los Estados Unidos se comienzan a preocupar de verdad. No es cosa de juego. Se ha asomado un bloqueo petrolero, e, incluso, se llegó a hablar de una posible intervención militar. Una cosa es llamar al Diablo, eso es cosa sencilla; lo difícil es verlo llegar.
Alejandro Ramírez Morón
