CARACAS – El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó las declaraciones del encargado de negocios de los Estados Unidos (EEUU) en Venezuela, Todd Robinson, quien señaló que su país no reconocerá los resultados de los comicios presidenciales del 20 de mayo.
Recientemente, durante una visita al estado Anzoátegui, Robinson expresó que EEUU está dispuesto a ayudar a Venezuela para que sea nuevamente “próspero y democrático” y señaló que no están dadas las condiciones para un proceso electoral tranparente.
Ante estas afirmaciones, el Poder Electoral expresó que el funcionario estadounidense, “su Gobierno y la comunidad internacional deben saber que los derechos políticos y el ejercicio democrático en Venezuela constituyen un acto soberano e inalienable al que nunca renunciaremos”.
El árbitro electoral remarcó que “Venezuela no necesita de ninguna colaboración de los Estados Unidos en materia electoral, porque el frágil sistema electoral de ese país no ofrece garantías, en ninguna de sus fases, en materia de respeto a los derechos políticos, ni menos aún en cuanto al sano funcionamiento de la democracia”.
De igual manera, criticó que en EEUU existan “minorías excluidas y reprimidas… carentes de acceso a los mínimos derechos políticos en cualquier democracia”. El comunicado añade que hay “un robusto sistema de garantías electorales” que brinda seguridad a los electores “en cuanto al respeto a sus derechos políticos”.
A su vez, afirmó que “el próximo 20 de mayo habrá elecciones en Venezuela: libres, seguras y transparentes. Este Poder Electoral garantiza el derecho de todas las venezolanas y todos los venezolanos a ejercer su soberanía”.
Los comicios presidenciales de este año, anunciados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) han sido rechazados por la comunidad internacional y por la oposición venezolana.
Heather Nauert, portavoz del departamento de Estado, manifestó en un comunicado:
“Estados Unidos denuncia la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de adelantar de manera unilateral las elecciones presidenciales sin garantías que aseguren elecciones libres, justas y validadas internacionalmente”.
La misma posición fue asumida por el Grupo de Lima y la Unión Europea.
