CARACAS – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado manifestando su posición ante lo ocurrido en la madrugada del 28 de marzo en calabozos de Policarabobo en donde murieron 68 personas. Los hechos se suscitaron presuntamente a raíz de un motín que desencadenó un incendio y que finalmente acabó con la vida de algunos reclusos y visitantes.
“La CIDH urge al Estado a investigar con debida diligencia, identificar y sancionar a los responsables, así como a adoptar las medidas necesarias para evitar la reiteración de hechos similares”, manifiesta en el primer párrafo del comunicado. Además, lamentó la represión de las fuerzas de seguridad cuando familiares de los detenidos se acercaron a la comandancia a solicitar información de lo ocurrido.
El organismo advierte que los hechos ocurren en un marco de “crisis penitenciaria” que se caracteriza por hacinamiento, corrupción, violencia y otros factores. “Como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, el Estado venezolano tiene el deber jurídico ineludible de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos”, afirma la CIDH.
La Asamblea Nacional (AN) ya había mencionado a la CIDH en su sesión ordinaria del tres de abril, en la que designó una comisión especial para investigar los sucesos e informó que solicitará al organismo internacional evaluar el sistema carcelario del país. La comisión estará presidida por el diputado representante de Carabobo, Carlos Lozano, y estará integrada por otros cuatro parlamentarios.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, indicó que la responsabilidad de este hecho recae en el Estado. Específicamente en el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, el gobernador y el alcalde del lugar de los hechos. “Hay personas calcinadas y todavía el gobernador de ese estado no ha salido responsabilizándose por lo que acaba de suceder”, manifestó Prado a un día de haber ocurrido los hechos.
