CARACAS – Una reacción “agresiva y desproporcionadamente” habría sido la performance de Venezuela, de cara al listado que el Ejecutivo panameño publicó de venezolanos Personajes Políticamente Expuestos (PEP). La vicepresidenta y canciller Isabel De Saint Malo de Alvarado lo dijo así, al tiempo que anunció “sanciones económicas” contra Venezuela.
“Panamá no ha tomado medidas comerciales, pero si no revisa Venezuela sus acciones, vamos a reaccionar y adoptar otras medidas de endurecimiento en proporción, incluyendo la aplicación de la ley de retorsión y podría ser hasta sanciones económicas”, espetó la primera al mando de la diplomacia panameña. Este país ha dicho que se apresta a desconocer los resultados de las venideras presidenciales del 20 de mayo, lo mismo que EEUU, Colombia y el Frente Amplio.
Países que discriminan a Panamá
De Saint Malo disparó que “Venezuela está en la lista de países que discriminan a Panamá”. La lista en cuestión -publicada en marzo- es un “primer paso en la evaluación de acciones recíprocas” en materia migratoria, tributaria y arancelaria para las 20 jurisdicciones incluidas por aplicar medidas discriminatorias o restrictivas al país centroamericano.
Pero en el Caribe, una zona estratégica desde siempre para Venezuela en materia de venta de petróleo, que fue desatendida por PDVSA y ha sido capitalizada por EEUU, la cosa tiene otros aires también. El Gobierno de Venezuela reanudó el tránsito aéreo con Aruba, Curazao y Bonaire. Había sido suspendido el pasado 5 de enero. ¿Por qué? Denuncias de contrabando hechas por el presidente Maduro.
“Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro hemos activado (…) el tránsito marítimo y aéreo con las islas Aruba, Curazao y Bonaire”, dijo Carlos Osorio, titular del despacho de Transporte, en el aeropuerto internacional de Valencia.
La suspensión buscaba “establecer una reestructuración y una defensa de los intereses económicos de Venezuela”. La gestión Maduro había denunciado asimismo la extracción ilegal de oro, diamantes, cobre y productos alimenticios de Venezuela, que luego eran comercializados supuestamente sin restricciones en esas islas.
