Países vecinos cierran el cerco económico a Maduro

Atentos a la situación venezolana, grupo de países latinoamericanos le llevarán el pulso al gobierno de Maduro y aplicarán medidas tendientes al restablecimiento del estado de derecho y orden democrático en el territorio. Abogan para que los organismos internacionales no otorguen más préstamos al régimen.
Atentos a la situación venezolana, grupo de países latinoamericanos le llevarán el pulso al gobierno de Maduro y aplicarán medidas tendientes al restablecimiento del estado de derecho y orden democrático en el territorio. Abogan para que los organismos internacionales no otorguen más préstamos al régimen.

CARACAS – Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía redactaron un comunicado  conjunto en el que rechazan los resultados electorales venezolanos que dan como ganador a Nicolàs Maduro, por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático.

De igual manera van a coordinar acciones para que organismos financieros internacionales no otorguen más préstamos al gobierno del règimen de  Maduro por su naturaleza inconstitucional.

Según el documento, acuerdan reducir el nivel de las relaciones diplomáticas con Venezuela, por lo que llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y, presentarán en la 48º Asamblea General de la Organización de Estados Americanos,  una nueva resolución sobre la situación en Venezuela.

Asimismo,  manifiestan su preocupación por las crisis política, económica, social y humanitaria que ha desmejorado la vida en Venezuela y que se refleja en la masiva diáspora de venezolanos y en la perdida de la instituciones democráticas, el estado de derecho y la falta de garantías y libertades de la población.

En relación con las altas migraciones de personas que han tenido que dejar el país para escapar de la dura situación, decidieron convocar a una reunión (que  se llevará a cabo en Perú  la primera quincena de junio)  con las autoridades responsables del tema migratorio y de refugio para definir los lineamientos y facilidades migratorias.

Igualmente, el texto plantea la posibilidad de contribuciones financieras a los organismos internacionales competentes para fortalecer las capacidades institucionales de los países vecinos en la región y atender el flujo migratorio de venezolanos.

Respecto al tema de la salud pública y la grave situación humanitaria, la región decidió establecer un encuentro con autoridades responsables del sector salud para coordinar acciones en materia de salud pública y fortalecer la cooperación para atender la emergencia epidemiológica.

Apoyar también el suministro de medicamentos por instituciones independientes y las acciones de vigilancia epidemiológica, en particular por la reaparición de enfermedades como sarampión, paludismo y difteria.

Atentos al sector financiero

En materia económica y financiera y con el propósito de preservar las atribuciones de la Asamblea Nacional, acuerdan “solicitar a las autoridades competentes de cada país, que emitan y actualicen circulares o boletines a nivel nacional que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional, incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior –incluido bienes militares y de seguridad”.

Asimismo, coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria teniendo presente previo a su otorgamiento, los posibles efectos no deseados en economías de terceros países más vulnerables.

El texto expresa además la posibilidad de intercambiar información sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas que pudiera derivar en procedimientos judiciales.

Por último, indica actualizar circulares o boletines a nivel nacional que alerten a las instituciones financieras sobre la corrupción en el sector público venezolano y los métodos que los servidores públicos venezolanos y sus redes pueden estar usando para esconder y transferir recursos procedentes de actos de corrupción.