OEA responsabiliza al presidente Maduro de 131 asesinatos

Los Expertos Internacionales Independientes encuentran “fundamento suficiente” para llevar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Los Expertos Internacionales Independientes encuentran “fundamento suficiente” para llevar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).

CARACAS – La Organización de Estados Americanos (OEA), mediante un informe, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro de 131 asesinatos. Informó que dichos crimines datan desde el 12 de febrero de 2014.

El informe presentado por la OEA develó que soldados y paramilitares vinculados al chavismo-madurismo asesinaron al menos 131 venezolanos durante las protestas en 2014 y 2017. También fueron documentadas aproximadamente 8.300 ejecuciones extrajudiciales. Estas pruebas fueron consideradas «suficientes» para investigar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro por «crímenes de lesa humanidad».

Además, el escrito asegura que existen más de 12.000 detenciones arbitrarias e informa sobre el uso recurrente de la tortura. También identificó a más de 1.300 presos políticos. Por consiguiente, recomienda al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, activar los mecanismos de los Estatutos de Roma para solicitar a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación sobre los asesinatos y arrestos arbitrarios.

El informe fue preparado por un panel independiente de expertos internacionales, con ayuda de material suministrado por la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, y señala que «las tácticas utilizadas (por los funcionarios) demuestran claramente un patrón con la intención de matar, evidenciado por el punto en que se propinó el golpe mortal (órganos vitales, en particular, disparos a la cabeza y el cuello); el uso de municiones, tanto modificadas como vivas, y la corta distancia a la que se perpetraron esos actos».

Entre la información que expone el comunicado resalta el registro de más de 8,292 ejecuciones extrajudiciales desde el año 2015. Se presume que muchos de estos casos son el resultado de «allanamientos ilegales y violentos» realizados por los diferentes cuerpos de seguridad, entre ellos la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

«Esta cifra alarmante demuestra aún mas el carácter sistemático y generalizado del crimen de asesinato. Los atropellos van desde el empleo de tortura blanca [que normalmente no deja marcas en el cuerpo] y otras formas de tortura psicológica, hasta brutales golpizas que a menudo provocan daños físicos graves que por lo general no reciben atención médica», señaló el informe.

Hechos que alarman

El documento fue realizado con base en los testimonios de 26 testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas, docenas de testimonios de víctimas, familiares de las víctimas y otras partes interesadas. También fueron considerados los documentos escritos entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales (ONG’s) venezolanas e internacionales.

Se asegura que muchos de los detenidos han sido sometidos a tortuta sexual y obligados a mantener posturas dolorosas o incómodas. Entre otras practicas de tortura se encuentran las descargas eléctricas, quemaduras, uso de gas lacrimógeno, suministro de comida no apta para el consumo o mezclada con fragmentos de vidrio o de excrementos. En otros casos, están quienes no recibían comida ni agua.

«Entre las víctimas se cuentan personas de todas las edades, incluso menores, sin que se tengan en cuenta las enfermedades mentales o físicas preexistentes» agregó el informe.

En cuanto a la crisis general que vive el país el Secretario de Estado norteamericano, John Sullivan, expresó que «el régimen reprime los derechos humanos de su pueblo y les impide tener una voz en su gobierno”.

Tras ser publicada esta información, el Gobierno de Canadá se declaró «consternado» por los crímenes de lesa humanidad en el país.

El presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente Tareck El Aissami encabezan la lista de funcionarios que presuntamente cometieron delitos de lesa humanidad. El Gobierno calificó el informe de la OEA como una «grotesca farsa mediática».

Por otra parte, Human Rights Watch (HRW) llamó al Gobierno de Ecuador a sumarse a las condenas por la violación de derechos humanos en el país.