CARACAS – La Ong Transparencia Venezuela denuncia en su último informe que desde 2017 poco se conoce sobre la labor de los poderes públicos, que actúan bajo un manto protector de la Contraloría General de la República y del Tribunas Supremo de Justicia
Según el reciente estudio de Opacidad, la poca información disponible es una advertencia. Hay que prestarle atención, en especial si se compara con la información que maneja la sociedad civil u otras organizaciones.
La ONG comprobó que ninguno de los 32 ministerios publica la ejecución de su presupuesto, lo que impide el control ciudadano en la gestión pública. Por otra parte, la Contraloría General de la República omitió sus funciones y no hizo nada al respecto, ante la ausencia de datos divulgados por los organismos del estado, con información sobre índices macroeconómicos, informes de ejecución de los recursos, adjudicación de contratos, planes de trabajo, etc.
Transparencia Venezuela resaltó en su informe e Opacidad, que durante 2017 tampoco se iniciaron los procedimientos de declaratoria de responsabilidad administrativa por incumplimiento del ordenamiento jurídico actual.
Un país sin información pública
Denunció la vaguedad del TSJ que no publica información sobre el proceso para la sección de jueces, sus credenciales ni criterios de selección; no se divulgan las declaraciones juradas de bienes o de intereses, así como tampoco se saca información acerca de los sueldos y salarios de los magistrados, ni de la lista de regalos y donaciones que reciben.
Alertó que la falta de información también incluye a la Asamblea Nacional, dado que tampoco se publica la declaración de patrimonio de los diputados, los presupuestos ni los montos asignados para los sueldos, viáticos, viajes o asesorías de los parlamentarios.
“La opacidad ha sido fomentada no solo por la existencia de instrumentos legales que violan o limitan el derecho de acceso a la información pública, sino porque además el TSJ ha restringido este derecho al emitir criterios que no le permiten a los ciudadanos acceder a información de uso público y ejercer el control de la gestión pública de acuerdo con lo que disponen los artículos 51 y 62 de la Constitución de 1999”, expresó Transparencia.
La organización recordó que a pesar que el CNE publicó los resultados de las elecciones de 2017, todavía no ha presentado en concreto los recursos que se usaron en cada proceso, ni su forma de ejecución, pagos a proveedores y a funcionarios, contratos y demás aspectos que puedan permitir una evaluación objetiva del mismo.
Vale destacar que el año pasado, Transparencia Venezuela realizó 130 peticiones de información ante diferentes organismos del Poder Público, pero solo fueron respondidas 14, lo que representa que fueron atendidas únicamente el 11% de las solicitudes realizadas.
Asimismo, los datos demostraron que hubo un descenso en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), en comparación con el año previo y que ahora en el portal del organismo se redujeron la cantidad de ítems para registrarse.
