CARACAS – La directora ejecutiva del Instituto Centro de Estudios para América Latina (CASLA), Tamara Sujú, ha denunciado hasta la fecha a 94 funcionarios del Estado relacionados a incidentes de torturas, entre los cuales se encuentran Jorge Arreaza, Miguel Rodríguez Torres, Gustavo González López, Luisa Ortega Díaz, Aristóbulo Istúriz, Carmen Meléndez, Iván Fernández Dala, Vladimir Padrino López y el presidente Nicolás Maduro.
De esta manera, la defensora de los DDHH de víctimas provenientes Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Cuba y Venezuela, manifestó su especial preocupación por los casos que ha recibido desde las protestas que se llevaron a cabo en el país en el año 2017.
Desde entonces, ha registrado desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales en manifestaciones, violencia excesiva, torturas físicas, psicológicas y sexuales; puntapiés en todo el cuerpo, asfixias con bolsas plásticas llenas de polvos tóxicos, colgamientos con las muñecas esposadas, descargas eléctricas en varias partes del cuerpo, en especial en los genitales; posiciones en cuclillas durante largos períodos, cortadas en los pies con navajas; y amenazas de muerte, violación o con hacerle daño a la familia de la víctima.
“Todas las torturas han sido aplicadas de forma indiscriminada sin tomar en cuenta sexo ni edad. Es decir: niñas, niños, personas de la tercera edad, todos han sido torturados de la misma forma”, declaró.
Sujú, quien tuvo que exiliarse por las acusaciones de conspiración que el Gobierno presentó contra ella, persiste en su misión de defender los derechos humanos de los venezolanos a toda costa, con el fin de obtener, como ella dijo, la justicia “que el pueblo se merece”.
Mencionó que el proceso de admisión de los casos que expuso ante la Corte Penal Internacional (CPI) va a ser largo y que no tendrá tiempo límite, puesto que deberán pasar por determinadas etapas antes de que lleguen a manos de la Sala de Asuntos Preliminares, que aprobaría si debe hacerse una averiguación exhaustiva de ellos o no.
“Todavía falta bastante para que la CPI sentencie a Maduro, que es uno de los tantos en las cadenas de mando que han sido denunciados. Ahí entran el Alto Mando Militar, organismos de seguridad del Estado, fiscales, tribunales, jueces, etc. Lo que sí podría suceder es que cuando se abra la etapa de investigación, la CPI, dependiendo de lo que esté sucediendo, ordene la aprehensión de diferentes personas. Una de estas causas es que por ejemplo los hechos denunciados y abiertos como crímenes de lesa humanidad sigan ocurriendo”, explicó.
Apeló a la paciencia de los venezolanos ante el posible período de tiempo indeterminado que se llevará esta investigación, pero recalcó la importancia de la misma, puesto que su objetivo será “obtener justicia y ayudar sobre todo a víctimas de violaciones de derechos humanos (…) de mi país Venezuela”, aseveró.
