CARACAS – El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, que ha sido el encargado en denunciar la actual crisis de salud que atraviesa Venezuela en el último año, se fue del país por una supuesta persecución del Gobierno Nacional en contra de él y su familia.
A través de una carta difundida en Twitter, en horas de la noche del jueves, Olivares escribió que su esposa, su hijo de pocos meses de nacido, su madre y su hermano están siendo perseguidos por el gobierno. No se están limitando a solo perseguir al político.
Explicó que se unirá momentáneamente desde las afuera del país como una voz para seguir ayudando a su pueblo. Hasta los momentos el parlamentario no ha informado en que parte del mundo se encuentra.
Fue el pasado lunes que el partido Primero Justicia, denunció que existía una orden de captura en contra de la esposa de Olivares, Jofreny González, por la presunta participación en una compra de automoviles de procedencia ilegal desde una compañía de seguros.
El diputado dijo que la orden les tomó por sorpresa. No estaban preparados ni política, ni económica, ni emocionalmente. Cree que la acusación del gobierno se debe a las continuas denuncias que ha estado realizando por la falta de medicamentos. Y por apoyar a los empleados del gremio de la salud han salido a protestar para que les mejoren los salarios.
Según la Federación Médica, todos los hospitales del país carecen del 90% de insumos. A esto se añade la pérdida del personal por los bajos sueldos que reciben. Emigran a otros países por la actual crisis del país.
Asimismo, distintos gremios consideran que el desabastecimiento de medicinas llega a un 85 %. Los más afectados son los pacientes con enfermedades renales, de cáncer y VIH.
No es la primera vez que el diputado Olivares se ocupa de esta problemática. Su hermano, Juan Carlos Sosa, estuvo preso por nueve meses, acusado de violencia política.
Hasta hace poco fue liberado por un proceso de excarcelaciones entre los meses mayo y junio. El acto de liberación definido un gesto para la “reconciliación” tras protestas que dejaron unos 200 muertos entre 2014 y 2017.
