CARACAS – El director general del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, indicó que el actual Código Orgánico Penitenciario se debe cambiar porque incumple con la Constitución. Exactamente con el artículo 272 que no tiene que ver con la norma internacional.
Prado considera que se necesita la elaboración de un nuevo código en el cual se aplique la Ley de Régimen Penitenciario. Ya que esta es inconstitucional.
Realizó un llamado a las autoridades de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, para que se inicie lo antes posible una investigación sobre cómo se está implementando esa ley. Y también sugirió que a través de una sesión extraordinaria se apruebe la derogación de ese instrumento.
Expresó que con el Código Orgánico Penitenciario desaparece la figura del juez de ejecución. Además les permite a los funcionarios policiales el uso desproporcionado de las armas de fuego
El código actual le elimina la centralización imperativa de los gobiernos regionales y municipales de las cárceles.
En las medidas de otorgamiento alternativas que se impone en el cumplimiento de la pena, es necesario que se imponga con: un destacamento de trabajo; la aplicación de un régimen abierto y la libertad condicional.
Indicó que actualmente no hay ningún tipo de independencia de poderes. Pero que existen personas que han cumplido con su pena y no han recibido ningún tipo de beneficios.
“Se tiene que tomar en cuenta la cantidad de años que fue sentenciada la persona, la conducta que tuvo (…) Y si el delito tuvo alguna reacción pública” anexó.
Los jueces de ejecución necesitan todos los detalles como los exámenes técnicos para que otorguen una medida o no.
Confiablidad en el sistema de leyes
Humberto Prado se refirió al caso del asesinato del ex grande liga Gustavo Polidor. Como se recordará, los implicados en el hecho fueron beneficiados con esas reglas. Se escaparon aprovechándose de la ley.
“El código no dice que se le dé libertad al preso. Esa medida consiste en la ubicación del recluso en una unidad de producción o un área especial del recinto carcelario. Esa persona continuará con el cumplimiento de la pena”.
“La cuestión es saber a quién se le otorga el beneficio” ya que con esto se tiene una visión de las personas que aprovecharían mucho mejor de esta ley.
