CARACAS – Panamá se sumó a los países del Grupo de Lima que anoche exigieron en un comunicado al Gobierno de Venezuela la investigación sobre la muerte de Albán.
La nación caribeña exigió una “investigación inmediata, imparcial e independiente con aval internacional” sobre la “trágica muerte” del concejal opositor venezolano Fernando Albán, detenido por estar entre los sospechoso del “supuesto magnicidio con los drones” contra el presidente Nicolás Maduro.
El Ministerio panameño de Relaciones Exteriores, además de lamentar “profundamente” el fallecimiento de Albán, del partido Primero Justicia, “reiteró su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la persecución política y la existencia de presos políticos.
Por su parte, el Grupo de Lima también pidió al gobierno venezolano con carácter de urgencia esclarecer los hechos y circunstancias que ocasionaron el terrible y confuso deceso del que aún no se tienen pruebas, y adoptar en consecuencia, las medidas correspondientes.
El documento, firmado por los Gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, expresa la “profunda preocupación por la trágica muerte” de Albán, ocurrida este lunes “en circunstancias aún no esclarecidas”.
El concejal opositor venezolano fue encarcelado en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia por su supuesta responsabilidad en el atentado fallido contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, del pasado 4 de agosto.
Apenas unas horas del fallecimiento, la fiscalía venezolana informó rápidamente que el mismo lunes Fernando Albán se había suicidado cuando se dirigía al baño, lanzándose desde el décimo piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebim), donde estaba preso y en el que hay estricticas medidas de seguridad, justo horas antes de ser trasladado a tribunales.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, responsabilizó al Gobierno de Maduro del “homicidio” del concejal y pidió a la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) investigar su muerte, pues rechazan la versión oficial de suicidio por incoherente y carecer de sentido.
