CARACAS- La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) ha anunciado esta mañana sanciones financieras contra Raúl Gorrín, propietario de Globovisión y acusado de lavado de dinero en EEUU; contra su esposa, María Alejandra de Gorrín; contra Claudia Díaz Guillén, extesorera nacional hasta 2013 y quien en este momento libra una batalla legal para no ser extraditada a Venezuela desde España; contra Adrián Velásquez, el esposo de Díaz Guillén; contra Leonardo González, miembro de la misma trama de corrupción, Gustavo Perdomo, cuñado y socio de Gorrín; y contra su esposa, Mayela Tarascio.
La OFAC manifiesta que estas siete personas formaron parte de la delación de Alejandro Andrade, el extesorero nacional venezolano que se encuentra en calidad de testigo protegido en EEUU, a través de un esquema de corrupción según el cual Andrade les entregaba dólares preferenciales y luego los vendían en el mercado paralelo.
El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin señaló en el comunicado en el que se anunciaron las sanciones, que personas con acceso al régimen venezolano han robado miles de millones de dólares de Venezuela, mientras los venezolanos sufren, es así como Departamento del Tesoro está apuntando a esta red de corrupción cambiaria. Estados Unidos permanece comprometido con hacer pagar a los responsables del declive trágico de Venezuela, y continuará usando herramientas diplomáticas y económicas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano por rescatar su democracia”, puntualizó Mnuchin.
Según reporta el Departamento del Tesoro, el monto total del esquema de corrupción liderado por Andrade y posteriormente Díaz, y que involucró a Gorrín y Perdomo, fue de 2.400 millones de dólares.
Gorrín y González, controlaban la riqueza corrupta que se generaba a través de Andrade, poniendo el dinero en cuentas en el exterior y reinvirtiéndolo en propiedades, aviones y otros activos de lujo según las indicaciones de Andrade. Su porción de las ganancias ilícitas nunca se le envió directamente la compra de estos activos se hizo a través de una red sofisticada de compañías estadounidenses y extranjeras. Todos los individuos envueltos en el esquema gastaron sus porciones de las ganancias en Estados Unidos, y mantenían cuentas significativas en bancos de EEUU, según se informa en el comunicado.
Dentro de las empresas bloqueadas hoy por el Departamento del Tesoro se cuentan: Globovisión Tele C.A. (Venezuela) y Globovisión Tele Corp. (Miami); Seguros La Vitalicia; Corpomedios GV Inversiones; Corpomedios LLC; RIM Group Investments Corp; RIM Group Investments I Corp; RIM Group Investments II Corp; RIM Group Investments III Corp; RIM Group Properties of New York, Corp; RIM Group Properties of New York II, Corp.; Magus Holdings USA Corp.; Magus Holding LLC; Magus Holdings II LLC; Tindaya Properties Holding USA Corp.; Tindaya Properties of New York Corp.; Tindaya Properties of New York II Corp.; Posh 8 Dynamics Inc.; Comstello No. 1 Corp.; Comstello Inc.; Windham Commercial Group Inc.; Planet 2 Reaching Inc.; Potrico Corp.; y un avión Dassault Mystere Falcon 50EX, de matrícula N133JA, de propiedad de Perdomo.
Tomada esta decisión, todas las empresas con sede en EEUU o que tengan relaciones comerciales en EEUU tienen prohibido realizar transacciones comerciales, aunque hay una licencia que permite ciertas transacciones a Globovision Tele y Globovisión Tele C.A. Corp. por un período de un año. Es para permitir que la televisora continúe operando, especifica el documento del Departamento del Tesoro.
Por otro lado Venezuela presentó un recurso ante la Organización Mundial de Comercio por las sanciones impuestas por Estados Unidos, diciendo que la prohibición de viajes contra personas incluidas en una lista negra y las restricciones comerciales violan las normas de la OMC.
En la reclamación, con fecha 28 de diciembre, Venezuela declaró que las leyes estadunidenses sobre ventas de oro y el trato discriminatorio de la deuda venezolana y transacciones en divisas digitales incurren en incumplimientos de las normas de la OMC. Venezuela alega que ciertas leyes y regulaciones de Estados Unidos relativas a los bienes de origen venezolano, la liquidez de la deuda pública venezolana, las transacciones en moneda digital venezolana y la lista de ciudadanos bloqueados y designados especialmente son incompatibles con el Acuerdo General de la OMC sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 1994 y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.
