CARACAS – La Asamblea Nacional aprobó solicitar la Protección de los activos del Estado venezolano ante los países de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes y la Unión Europea, coalición que reúne a 28 naciones, ante la flagrante usurpación del Poder Ejecutivo por parte del ciudadano Nicolás Maduro.
El diputado Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del Parlamento venezolano, recordó que el pasado 10 de enero de 2019 se consumó la mayor usurpación de la historia de nuestro país, de la Presidencia de la República.
Ante estos hechos, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela son claras, la Constitución establece en su artículo 138 que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.
Asimismo, es un hecho público y notorio que la gestión como presidente de Nicolás Maduro durante su período 2013-2019, se malversaron los activos del Estado venezolano en detrimento del patrimonio y los bienes de la nación, estableciendo un Estado de corrupción y generando la mayor crisis económica de la historia de Venezuela, indicó el parlamentario.
Frente a esta situación, la AN solicitó a 46 países instruir a los organismos regulatorios de las entidades financieras, la prohibición expresa de cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en ese país, con el fin de garantizar la protección de los activos de los ciudadanos por no contar con representación legal ante los entes regulatorios.
Según información de la AN, se solicitará a la banca privada acreditada en las mencionadas naciones, prohibir el manejo de fondos, cuentas y activos del Estado venezolano en sus entidades financieras, en virtud de proteger el patrimonio del Estado venezolano ante la usurpación del Poder Ejecutivo Nacional por parte Nicolás Maduro Moros.
Superlano ratificó que queda en manos de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del Poder Legislativo, la remisión del acuerdo aprobado por la AN y su correcto coordinación así como seguimiento del mismo.
