CARACAS – La industria farmacéutica de Venezuela está trabajando entre 31 y 32 por ciento de su capacidad instalada debido a la falta de insumos y divisas, alertan voceros del sector.
Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), informó que en 2014 los laboratorios producían alrededor de 714 millones de unidades de fármacos y hoy la producción se ubica alrededor de 200 millones de unidades, lo que refleja una merma anual de 70% en promedio.
Señaló que en 2014 contaban con 35 laboratorios afiliados y en la actualidad apenas llegan a 22.
López aseguró que el descenso en la producción es consecuencia de la falta de divisas para la compra de materia prima importada, así como por la pérdida de personal profesional altamente calificado que ha emigrado de Venezuela motivado a la crisis económica.
Pharma no está produciendo
Sobre la medida de confiscación de la planta farmacéutica española SM Pharma en Maracaibo, ordenada por el Gobierno, López dijo que ese laboratorio fue intervenido en septiembre de 2018 por la gobernación del estado Zulia.
Igualmente, dijo que según las declaraciones de Nicolás Maduro, la planta estaba en capacidad de producir el 50% de las medicinas en el país, pero en la actualidad ahí no se está produciendo nada.
Explicó el vocero de Cifar que la planta elaboraba 200 distintos tipos de medicamentos y 63 millones de unidades al año.
Por su parte, este 9 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España rechazó la confiscación de Pharma y pidió el cese de la ocupación gubernamental.
Entre tanto el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, denunció que las áreas de la planta española están contaminadas por lo que han emprendido medidas en atención a los controles del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Higiene.
Igualmente, denunció que muchas farmacias están amenazadas con cerrar debido a una resolución del Seniat que las obliga a cambiar las cajas registradoras, pero advirtió que para diciembre cada equipo costaba 1.300 dólares, sin incluir otros dispositivos que también son importados, lo que hace cuesta arriba que los pequeños establecimiento se pleguen a las nuevas exigencias del instituto recaudador.
