CARACAS- El instituto checo de derechos humanos CASLA, ha presentado varias denuncias por torturas contra el Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), este solicitó al presidente interino, Juan Guaidó, que apoye sus esfuerzos para investigar esos supuestos delitos de lesa humanidad, atribuidos al gobierno de Maduro.
“Sería un hecho histórico que la nueva Venezuela, esa que usted dirige en estos momentos, dé este ejemplo en la búsqueda de la justicia imparcial”, se lee en una carta que firma Tamara Sujú, directora ejecutiva de CASLA.
La abogada disidente venezolana Sujú indica en la misiva que el apoyo de Guaidó al proceso iniciado en La Haya sería “un primer paso para que dichos crímenes, que no solo son un agravio a la víctima, sino a la Humanidad en su conjunto, no queden impunes”.
CASLA, un centro especializado en estudios de América Latina que recibe fondos del Estado checo, presentó a la CPI varios expedientes con hasta 600 casos de tortura atribuidos a responsables del Gobierno de Nicolás Maduro.
La corte internacional ha abierto hasta la fecha un examen preliminar sobre el caso, paso previo al comienzo de la investigación.
CASLA también entregó su documentación sobre torturas a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que la empleó para determinar en un informe casos de crímenes de lesa humanidad.
Dicho informe de la OEA ha sido hasta la fecha suscrito por Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Colombia y Canadá, lo que acelera la fase preliminar de la CPI, según Sujú.
La abogada venezolana, que está exiliada en la República Checa, considera que no existen garantías de imparcialidad en el actual sistema judicial venezolano.
“El sistema de justicia venezolano actual necesita ser depurado desde sus bases, buscando la imparcialidad y equidad, la moral y honestidad que deben tener todos sus funcionarios”, finalizó Sujú.
