CARACAS – El Frente Amplio Venezuela Libre informó que este martes se movilizará a la Asamblea Nacional (AN) para pedir que se instaure la responsabilidad política, tras el apagón que vivió toda Venezuela el pasado siete marzo y que duró más de 72 horas.
El punto de encuentro será en la plaza Morelos a las nueve de la mañana. Se tiene previsto que diversos gremios y sindicatos también soliciten crear una ley de garantías para empleados públicos.
El secretario general del Sindicato de la Asamblea Nacional (Sinfucan), José Vicente Rivero, explicó que el plan es para que se protejan a los trabajadores de retaliaciones políticas por protestar.
Asimismo, indicó que alrededor de las tres de la tarde, se dirigirán a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para solicitar a la delegación de los derechos humanos de la ONU, enviada por Michelle Bachelet, a Venezuela, que salgan a las calles a evaluar la situación del país.
Anunció que entregarán un documento en la PNUD, en el que solicitan que la misión de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a que “vayan a los sectores de trabajo, que vayan a las calles (…), que vean la realidad del pueblo venezolano”.
Por su parte, el dirigente del Frente Amplio en Caracas, José Gregorio Cariba, indicó que tras una reunión con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se decidió “activar a Caracas” en la llamada Operación Libertad.
“Cada rincón de Caracas, las 22 parroquias, las calles, los condominios, sindicatos, sociedad civil nos activamos. A partir de esta semana estaremos en todas partes, hablándoles a los caraqueños. Nos hemos puesto de acuerdo y vamos a incorporar a todos los sectores para que cese la usurpación de una vez por toda”, sentenció Cariba.
También, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, denunció que los empleados del gremio de salud, son objeto de represalias por parte de aquellos ciudadanos que ostentan el poder.
Ante este panorama, expresó con la ley de garantías que solicitan a la AN, los empleados que han sido amedrentados y despedidos puedan reinsertarse “cuando cese la usurpación”.
“Desde junio de 2018 cuando decidimos ir a un paro indefinido se han presentado más de 200 destituciones de enfermas sobre todo en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales que consideramos que son producto de una retaliación parte de las autoridades del seguro por haber elevado nuestra voz de protesta”, puntualizó.
