CARACAS – Amnistía Internacional (AI), indicó este martes, 14 de mayo, que las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes, que se han producido desde el año 2017, por el uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro, pueden constituirse en crímenes de lesa humanidad.
Así lo señaló la Organización No Gubernamental (ONG) en un informe titulado “Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, acerca de los acontecimientos que han ocurrido en el país petrolero durante los últimos cuatro meses.
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, dijo que “como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”.
La organización mundial recomendó crear una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019.
También a que se activen la jurisdicción universal por parte de aquellas naciones que están verdaderamente preocupadas por lo que sucede en Venezuela.
De igual forma, la ONG solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a que considere el estudio de los posibles crímenes de lesa humanidad que se esbozó en su informe.
“Hacemos un llamado urgente a todos los Estados para que demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela”, dijo la representante de AI.
Según Amnistía, las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, supieron de los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas.
La organización asegura que el grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3,7 millones de personas a abandonar el país.
“Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia. Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, puntualizó Guevara.
