Escarrá: “Se violarían garantías judiciales en casos Zambrano y Caro”

Hermann Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional de la ANC

CARACAS- Hermann Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional de la ANC, aseguró que de ser cierta la desaparición de los diputados Gilber Caro y Edgar Zambrano luego de su detención, se considerarían violaciones de garantías judiciales y tratados internacionales suscritos por Venezuela.

El abogado manifestó que ignora la veracidad de las denuncias sobre desaparición del diputado Gilbert Caro y de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ambos detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“De ser cierto, no podría decir que eso es cierto, son denuncias. Pero, en el supuesto negado, sería grave porque se estarían violando garantías judiciales y tratados internacionales. El pacto internacional de derechos civiles y políticos donde están las garantías judiciales forma parte primariamente y principalmente de nuestro ordenamiento jurídico constitucional”, detalló Escarrá.

El abogado refiriéndose al caso de la detención del parlamentario Zambrano, afirmó que se trató de una situación en la cual un “hecho punible estaría ocurriendo”. “Hubo una situación in fraganti en términos graves, porque se trata de un golpe de Estado y una conspiración armada, el Estado tiene que preservar la seguridad de las instituciones y de la ciudadanía”, expresó.

Asimismo, Escarrá recalcó que hay una diferencia entre el allanamiento de inmunidad parlamentaria y la inviolabilidad de la misma y dijo que se trata de dos temas legales totalmente diferentes.

Según explicó:“La inviolabilidad es la prerrogativa especial que tienen diputados frente a los votos que emitan en cámara, sus opiniones plurales, las que sean, siempre que estén en ejercicio de sus funciones y la inmunidad parlamentaria se refiere más al procedimiento penal”.

El abogado constituyente manifestó que los diputados, luego de ser aprehendidos, deben tener sus derechos, de acuerdo a garantías judiciales constitucionales y tratados internacionales, para que ejerzan la defensa, plantear el juicio en los términos que debe ser planteado y respetar los derechos que le pertenecen.