CARACAS – El gobierno de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones de la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, por ser supuestamente una amenaza contra Venezuela y un respaldo a los “intereses” que tiene el gobierno de Estados Unidos, sobre el país.
En un comunicado oficial, la cancillería venezolana, señaló a la institución de formar parte y estar comprometida con el “conflicto como fórmula para hacer política”.
Añadió que es una posición contraria a la iniciativa que mostró el asesor especial de la UE, Enrique Iglesias, cuando visitó al país semanas atrás.
Venezuela les solicitó a los más de 25 países miembros del bloque europeo a que mantengan una posición de “respeto, equilibrio constructivo” y que “desistan” de sus intentos por “entorpecer” los mecanismos para resolver la actual crisis que atraviesa el país.
Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, también mostró su desacuerdo respecto a las declaraciones de la alta funcionaria.
“A la señora, Federica Mogherini, parece habérsele olvidado que Venezuela es libre de groseros imperios europeos desde hace 208 años. Nos amenaza con declaraciones infames que intentan enturbiar el avance del diálogo en Noruega. Usted ya es pasado, señora Mogherini. Respete, escribió el político a través de su cuenta de Twitter.
Asimismo, el presidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Saúl Ortega, desestimó las declaraciones de la politóloga italiana.
Tildó de “grosera” la decisión de Mogherini y afirmó que la posición se trata de “intervenir” en el diálogo que posee el gobierno y la oposición.
“Es una pretensión de sabotear el diálogo, para seguir buscando la ruta de la violencia, de la intervención y de la guerra en Venezuela”, expresó el constituyentista.
Este martes, la UE indicó que generaría nuevas sanciones al país petrolero si no se obtenían “resultados concretos” en el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana que se realiza en Barbados, bajo la mediación del gobierno de Noruega.
